Sostiene que no puede comprobársele haber participado en el delito de lavado de dinero.
Por Maibort Petit
A través de su abogada Christine H. Chung, Víctor Mones Coro, acusado de negociar vuelos para el ex-vicepresidente de Venezuela y actual ministro de petróleo, Tareck El Aissami, Samark López Bello, entre otros, violando así las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen venezolano, solicitó al tribunal declararse culpable de manera inmediata y en enero del próximo año se le imponga la respectiva sentencia.
Mones formula esta solicitud con la advertencia de que se declararía culpable solamente de los cargos relativos a las sanciones, por cuanto no habría participado y así puede comprobarse de acuerdo a su representante legal, que haya estado incurso en las actividades de lavado de dinero que se le imputan a resto de los involucrados en la trama.
La solicitud
El 1 de diciembre de 2020, Christine H. Chung, de la firma Selendy & Gay P. LLC, abogada defensora de Víctor Mones Coro, remitió una comunicación al juez Alvin K. Hellerstein, del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, encargado de la causa que el gobierno estadunidense mantiene contra su representado y Michols Orsini Quintero, para solicitar la exclusión de la dependencia del gobierno de la Decimosexta Producción, así como también que se otorgue sin oposición, el pedido para proceder de inmediato a una audiencia de declaración de culpabilidad. Asimismo, solicitó que la audiencia de sentencia tenga lugar en enero de 2021 y se proceda a la preparación de un PSR actualizado de manera acelerada.
Explica Chung que la fiscalía tenía los materiales de la Decimosexta Producción desde el 29 de septiembre de 2020, cuando registró la oficina de Alejandro Marín, “pero su torpe esfuerzo por cumplir con la fecha límite consistió en ignorar sus propios estándares de producción y arrojar imágenes forenses no revisables a la defensa, dos días después del 23 de octubre de 2020, e invitar a la defensa a asistir a la oficina del DHS para ver las mismas imágenes no revisables”.
Recuerda la abogada que se excedió el límite legal y que de acuerdo a la jurisprudencia la producción de varios terabytes de información en un caso criminal que no se pueda buscar ni cargar, constituye una producción válida de material. Igualmente apunta que el gobierno se defiende rutinariamente con éxito de las mociones de Brady/Giglio (la jurisprudencia invocada) y de la Regla 16 precisamente al realizar producciones en forma de búsqueda completa. También recordó que la fiscalía admitió que lo hizo por primera vez el 19 de noviembre de 2020, casi dos meses después de la posesión real.
Considera que el gobierno debe renunciar a depender de la Decimosexta Producción, en lugar de pedirle a la corte que disculpe las dificultades “técnicas”, o pre-argumentar cuál debería ser la sentencia de Víctor Mones Coro.
La defensa citó que el 23 de septiembre de 2020, el gobierno aceptó el riesgo de que no pudiera completar la producción de lo obtenido de la búsqueda en la oficina de Alejandro Marín, pues aún cuando conocía que tenía la intención de registrar dicha oficina y el alcance probable de la búsqueda, aceptó la fecha límite del 23 de octubre de 2020 e incluso dio la impresión de que tenía poco que presentar. “Además, la causa fundamental del retraso de las 16 producciones posteriores a la declaración de culpabilidad, según el propio gobierno, fue el hecho de que los AUSA y los agentes no hicieran preguntas que eran obvias desde 2018, como ‘¿Por qué el Sr. Marín no tiene conversaciones de texto con los acusados anteriores a noviembre de 2018?’ o ‘¿Qué pasó con los cientos de miles de euros perdidos que el Sr. Marín transportó en julio de 2018?’”.
A criterio de la defensa de Mones, la fiscalía pareciera desconocer su propia evidencia.
Acotó que Alejandro Marín borró casi medio millón de correos electrónicos —y tal vez otros materiales— de su oficina, antes de que el gobierno se apoderara de ellos.
También argumenta la abogada Chung que la exclusión de la Decimosexta Producción es el remedio adecuado a esta situación, puesta que en ella no se menciona ni un solo artículo en el que deba basarse en la sentencia de Víctor Mones Coro.
“Mones Coro solicita respetuosamente que se le otorguen sus solicitudes sin oposición de una audiencia de declaración de culpabilidad inmediata, una sentencia en enero de 2020 y una PSR acelerada”.
Para que ello sea posible, es necesario, reitera la defensa, debe excluirse la dependencia del gobierno de la decimosexta producción porque no cumplió la fecha límite del 23 de octubre de 2020.
Chung refiere que la fiscalía ha malinterpretado el argumento de su representado sobre el alivio de la búsqueda y la cual se sustenta en que no se cumplió con las obligaciones del descubrimiento.
“El disco duro que el gobierno entregó a los abogados el 25 de octubre de 2020, dos días después de la fecha límite del 23 de octubre de 2020, contenía solo imágenes forenses que no se podían buscar”.
La abogada refiere que el gobierno reconoció en un caso reciente que la producción de una imagen forense de dispositivos electrónicos no es suficiente para cumplir con las obligaciones de descubrimiento.
Acusa de falsa la afirmación de la fiscalía invitó a la defensa para “inspeccionar” el 23 de octubre de 2020 el material obtenido en la empresa My Jet Server, por cuanto el aviso que recibió decía que la copia de la unidad podría completarse “esta noche o este fin de semana”, pero que la inspección podría comenzar “este fin de semana”, es decir, después de la fecha límite.
Christine H. Chung subraya que el gobierno conocía el riesgo de no cumplir con la fecha límite del 23 de octubre de 2020 para presentar la decimosexta producción y, por tanto, debe asumir el riesgo que aceptó.
Agrega que las producciones del gobierno posteriores a la declaración de culpabilidad se retrasaron debido a fallas en la investigación. En tal sentido, Chung refiere que los agentes y los AUSA fallaron en la investigación, la supervisión y la presentación de informes, lo que ocasionó el reconocimiento Insertar Imagen Mones 5
La defensa estima que el gobierno no identifica ni una sola pieza de evidencia de la Decimosexta Producción en la que necesite basarse para presentar sus argumentos para la sentencia.
Para la defensa son irrelevantes el resto de los motivos del gobierno para oponerse a la exclusión de la decimosexta producción y destaca que los argumentos del gobierno sobre las sentencias prematuras solo aclaran la materialidad de las producciones tardías.
Considera que, implicar a Mones por asociación en el tráfico de drogas, el lavado de dinero o la opresión política no tiene fundamento y es prematuro, pues el acusado huyó de Venezuela cuando Hugo Chávez asumió el poder, y su crimen fue motivado principalmente por el deseo de salvar la empresa con sede en Florida que fundó y dirigió. En este sentido recordó que, a diferencia de Alejandro Marín, Víctor Mones admitió de inmediato su gravísimo delito de violación de las sanciones, así como el comportamiento incorrecto y encubridor en el que participó.
Del mismo modo, Chung destaca que Mones no tiene un “historial de participación en transferencias ilegales de dinero” y el gobierno nunca ha tenido pruebas de que lo haga.
Dice que los chats que muestran la planificación y ejecución de la transferencia de efectivo de julio de 2018 es claro la no participación de su defendido.
La defensa también precisa que a su defendido se le pagaba ocasionalmente con efectivo que otro operador traía a Estados Unidos, pero ese efectivo no fue transportado ilegalmente; que el gobierno no ha alegado que Mones Coro transportara drogas o contrabando o que lavó dinero; que Mones Coro no tenía un “historial” de participación en “transferencias ilegales de dinero”.
Dice que gobierno reconoce que los múltiples millones de dinero en efectivo que León y Marín transportaron ilegalmente a los Estados Unidos —tres veces en 2018 y 2019— fueron “ganancias del crimen” de vuelos ilegales para Tareck El Aissami, sin la participación de Víctor Mones Coro.
Finalmente, Christine H. Chung estima que es incorrecto que el gobierno insinúe que Víctor Mones Coro admitió haberse beneficiado a sabiendas de cualquier transferencia ilegal de efectivo, pues él recibió dinero en efectivo en algunas ocasiones, pero el dinero fue declarado.