Muchos correos electrónicos recibidos a raíz de las crónicas del caso de los narcosobrinos preguntan por qué los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, actualmente presos en una cárcel federal de Nueva York acusados de narcotráfico, decidieron declararse “pobres” o “financieramente incapaces” ante la justicia norteamericana.
Efraín Campos Flores y Francisco Flores de Freitas juraron ante la Corte Federal, que no poseían recursos suficientes para pagar abogados privados que los defiendan ante las acusaciones por narcotráfico hechas en su contra por la Fiscalía General Norteamericana.
Francisco Flores de Freitas firmó el Affidavit que lo convirtió en “pobre” en la primera audiencia de presentación (12-11-2015), mientras que Efraín Campos Flores lo hizo luego de la solicitud formal para que la Corte investigue el origen de los fondos con los que el hijastro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro pagó los servicios de defensa del costoso bufete de abogados Squire Patton Boggs (17-12-2015).
Ante la ley norteamericana toda persona tiene el derecho de ser representado por un abogado de oficio si su situación financiera personal no le permite pagar un abogado privado. Para recibir ese beneficio debe pagarse una cuota a la Oficina de Defensa Pública que va entre $50 a $100 dólares, dependiendo del caso. En circunstancias de indigencia, el reo está exento de pagar esa cuota, inclusive.
¿Los abogados de oficios son gratis?
Hay una creencia que los abogados de oficio o abogados de públicos son gratis, o libre de costo para todos los procesados que reciben el beneficio de derecho a la defensa. Aunque para muchos sí lo es, para otros no.
Cuando el proceso legal concluye, si el acusado ha estado representado por un abogado de oficio, el juez puede llevar a cabo una audiencia para determinar si el reo tiene o no capacidad de pago de todo, o de una parte de los costos en los que ha incurrido por ser representado por un abogado designado por el tribunal. Es en esta audiencia y dependiendo de los ingresos y gastos del acusado o sentenciado, el juez puede ordenar que pague por el costo total de los servicios de su abogado público, una parte de esos costos – o ninguno.
Si el juez, previa investigación, determina que el acusado tiene la posibilidad de pagar una parte o la totalidad de los costos, se le ordenará pagar de acuerdo a su situación financiera. Y si el reo es realmente incapaz financieramente no tendrá que hacerlo.
Cuando los acusados o procesados son ciudadanos y residentes del país suelen privar informaciones previas relacionadas con declaraciones de impuestos o solicitudes de ayuda pública.
La Sociedad de Ayuda Legal, uno de los mayores defensores de oficio en los casos penales, muestra el siguiente cuadro de elegibilidad de ingresos en su página web:
Tamaño de la Familia – Ingreso Mensual- Ingreso anual
1 $ 1,063 $ 12,762
2 $ 1,426 $ 17,112
3 $ 1,788 $ 21,462
4 $ 2,151 $ 25,812
5 $ 2,513 $ 30,162
6 $ 2,876 $ 34,512
7 $ 3.238 $ 38.862
8 $ 3,601 $ 43,212
La defensa pública sufre de hacinamiento
En la ciudad de Nueva York hay más de 1.000 abogados de oficio que llevan cientos de miles de casos de los acusados y procesados clasificados como pobres e indigentes. Para ahorrar dinero, muchas veces la ciudad de Nueva York nombra a los defensores públicos minutos antes de aparecer ante el juez y, a veces incluso después de haber comparecido ante el tribunal sin representación.
Un artículo publicado en 24 de septiembre de 2014 por la Associated Press, revela que un abogado de oficio promedio en Nueva York, tiene que defender aproximadamente 680 casos al año.
Un reportaje del The New York Times asegura que los defensores públicos en Nueva York están tan sobrecargado de trabajo y tiene tantos casos que los acusados calificados de pobres esencialmente no reciben una defensa legal apropiada.
La nota describe un sistema en el que los acusados incapaces de pagar un abogado privado por su pobreza y niveles de indigencia, navegan por los tribunales contando con el asesoramiento irregular de los abogados que no tienen el tiempo o el dinero para investigar sus casos o asesorarlos adecuadamente. ¿ Nos preguntamos si ese es el caso de los sobrinos de Cilia Flores?
¿ Qué pasa si los delincuentes mienten en a la justicia para beneficiarse de un abogado de oficio ?
Mentir a las autoridades federales también es un delito grave. Se conocen casos en los que los acusados se declaran incapaces de pagar una defensa privada, y luego se descubre que poseen propiedades u otros activos. Esto genera nuevos cargos y penalidades.
El abogado experto en derecho penal y litigio comercial, Eduardo Palmer asegura que las leyes de Estados Unidos establecen claras sanciones para aquellos acusados que cometen delito de perjurio y hay casos de penalización. No obstante, en la práctica suele ocurrir que el fiscal que lleva el caso tiene poco presupuesto y tiempo para llevar el caso por el que el acusado está siendo juzgado, por lo cual suelen dedicarse a la causa mayor, dejando de lado la investigación por perjurio.
Esta situación puede cambiar si hay una solicitud específica que lleve al fiscal a averiguar que el acusado mintió en su declaración jurada para declararse incapacitado financieramente, o reciba órdenes motivado a que haya una clara sospecha de que hubo mentira. Hay muchas excepciones que han llevado a la penalización, dijo el experto.
Explica que en estos casos, el fiscal que es la parte acusadora puede intuir y por ende investigar y descubrir que hubo falso testimonio, lo que lo obliga a establecer una solicitud ante la corte para que el acusado sea penalizado por ese otro caso en particular.
Este tema lo amplié en esta nota publicada por el diario El Nacional el pasado mes de diciembre.