La juez del caso ordenó divulgar las declaraciones del fiscal, las cartas de las partes y los documentos de respaldo del caso.
Por Maibort Petit
Una victoria para la libertad de expresión e información significó la decisión de la juez, Alison Nathan, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York respecto al caso que en esa instancia judicial se dirime entre Estados Unidos y Ali Sadr Hashemi Nejad, toda vez que en uno de los apartes de su decisión del pasado 17 de febrero de 2021, concedió la solicitud de la prensa —a través de The Associated Press— de permitir la divulgación de los documentos que la fiscalía neoyorquina manipuló y pretendió ocultar durante el juicio del banquero iraní.
En la citada corte, un jurado determinó que Sadr Hsheminejad era culpable de “violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán”, delitos por los que podía pasar varias décadas en la cárcel.
Sin embargo, recientemente se conoció que los fiscales ocultaron de los abogados del imputado un documento que habría ayudado en la defensa de Sadr, a saber, una carta del Commerzbank al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la atención del despacho encargado de hacer cumplir las sanciones. La extraña conducta de los fiscales llegó al extremo de, en lugar de enmendar su error, procedieron a “enterrar” el documento entre otra serie de papeles que remitieron a la defensa, creyendo que la irregularidad no iba a ser detectada.
La prensa bregó ante el tribunal a objeto de que se permitiera la divulgación, tanto de la carta del Commerzbank, como de los correos electrónicos y mensajes de texto, entre otros, que se cruzaron los fiscales y que revelaban cómo su actuación permitió el desmoronamiento del caso contra Sadr cuando el juicio estaba a punto de completarse.
Ocurrió que un registro bancario apareció a último momento cuando la fiscal federal adjunta, Jane Kim, lo quería presentar como prueba, pero se percató de que aún no lo había compartido con los abogados de Alí Sadr, algo que violaba las reglas del debido proceso.
Tales hechos llevaron a la juez Alison Nathan a anular el veredicto del jurado y a, en los últimos días, recomendar al Departamento de Justicia, investigar la probable conducta irregular de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, específicamente a la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales.
En su decisión del 17 de febrero, la juez Nathan permitió el acceso público a las declaraciones de la fiscalía y a los documentos que esta aspiraba mantener bajo sello. Y si bien la magistrada accedió a sellar los expedientes que constituyen la base del dictamen que estableció que el público tiene derecho a saber cómo sucedieron los hechos.
Recuerda la decisión que tanto la Constitución como las leyes y la tradición judicial reconocen el derecho de acceso público a los procedimientos judiciales y a los documentos judiciales. Subraya que las Enmiendas Primera y Sexta también protegen el derecho a iniciar un proceso judicial —la Sexta para los acusados y la Primera para el público y los miembros de la prensa— siendo condición que el documento solicitado sea un “documento judicial”.
Señala la jurisprudencia que la Corte debe considerar la “relevancia del contenido específico del documento para la naturaleza del procedimiento y el grado en que el acceso al documento ayudaría materialmente al público a comprender los asuntos ante la corte y a evaluar la imparcialidad e integridad de la resolución judicial”. Agrega que el tribunal en el ejercicio de sus poderes de supervisión tiene poder para investigar las declaraciones falsas y sancionar la mala conducta de los abogados.
De este modo, las declaraciones del fiscal, los anexos y las cartas de las partes son importantes para que el público comprenda las cuestiones que tiene ante sí la Corte, refiere la decisión, incluida la desestimación de los cargos subyacentes contra Alí Sadr y la tergiversación de la fiscalía ante la Corte con respecto a la divulgación de pruebas exculpatorias. En tal sentido, el Tribunal mostró su desacuerdo con la posición de los fiscales de que los documentos están exentos de divulgación porque la presente investigación del es análoga a un procedimiento disciplinario. Contundentemente el tribunal estableció que el caso de Sadr no es un procedimiento disciplinario.
La Corte estimó que el derecho público de acceso a los documentos judiciales no se evapora cuando está involucrada la mala conducta de un abogado y, por el contrario, sostiene que es más importante “tener cierta responsabilidad y que el público tenga confianza en la administración de justicia”. Así, el tribunal concluyó que las declaraciones del fiscal y las cartas de las partes son documentos judiciales.
Igualmente, la Corte concluyó que tanto la Primera Enmienda como el derecho consuetudinario apoyan el acceso público a los documentos en el caso de Alí Sadr, una conclusión a la que llegó sobre la base de que las declaraciones en las que se basa un tribunal para llegar a una decisión judicial son documentos históricamente abiertos a la prensa y al público, el cual tiene un profundo interés en la conducta de los fiscales federales.
Precisa la juez Nathan que la información sobre la mala conducta de la fiscalía que dio pie a la anulación del veredicto del jurado y la desestimación de una acusación, es de gran valor para quienes supervisan los tribunales federales. El hecho de que se haya decidido no imponer más sanciones basándose únicamente en dichos documentos, sin una audiencia pública, pesa más a favor de la divulgación.
Refiere la decisión que las declaraciones del fiscal y sus anexos hacen referencia solo a un puñado de correos electrónicos con terceros, ninguno de los cuales incluye información privada o vergonzosa. Sostiene que los intereses de privacidad de los propios fiscales tampoco justifican la denegación del acceso público a los documentos, mientras que el interés del público precisamente en estos detalles pesa en contra del sellado.
La juez Alison Nathan determinó que es apropiado revelar las identidades de los fiscales involucrados y concluyó que dicha información se puede verificar fácilmente a partir de documentos presentados públicamente y transcripciones del juicio.
Determinó la magistrada que el público tiene derecho a saber cómo ocurrieron los hechos extraordinarios de este caso en el cual el Gobierno terminó por solicitar y obtener la vacante del veredicto del jurado en razón de la responsabilidad de los funcionarios públicos y en la confianza del público en la administración de justicia.
“Con la excepción de una clase limitada de materiales que tratan con información confidencial, la Corte no mantendrá en secreto las declaraciones del fiscal, las cartas de las partes y los documentos de respaldo en este caso. La Corte espera que a medida que el Distrito Sur de Nueva York deje atrás este desafortunado capítulo, estos documentos proporcionarán a otros fiscales y miembros del público una idea de cómo el Gobierno llegó a manejar tan mal sus obligaciones éticas en este caso, algo de disuasión para conducta indebida en juicios futuros y cierta seguridad de que el poder judicial trata estos asuntos con la mayor seriedad”, concluye la decisión.