El gobierno de los Estados Unidos designó públicamente al ex Ministro de Energía Eléctrica de Venezuela y Presidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez, y el ex Viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas de Venezuela para el Ministerio de Energía Eléctrica y Director de Adquisiciones de la empresa estatal, Eustiquio José Lugo Gómez por aceptar beneficios monetarios, incluidos sobornos y pagos irregulares, a cambio de adjudicar lucrativos contratos para el suministro de equipos a Corpoelec, y por la apropiación indebida de fondos púbicos para su enriquecimiento personal.
Redacción ┊ Maibort Petit
En junio de 2019, el Departamento del Tesoro, en coordinación con el Departamento de Estado, sancionó a Lugo y a Motta por acciones en desmedro de la democracia en Venezuela, aplicando las facultades de la Orden Ejecutiva 13692.
En un comunicado oficial, el Secretario de Estado Mike Pompeo informó que las designaciones anunciadas este martes se hicieron bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2020 (Div. G, P.L. 116-94).
Según la Sección 7031 (c), una vez que el Secretario de Estado designa a funcionarios de gobiernos extranjeros, junto con sus familiares inmediatos, por su participación, directa o indirecta, en una corrupción significativa, esas personas no son elegibles indefinidamente para ingresar a los Estados Unidos. Además de Lugo y Motta, el Departamento designa públicamente a los siguientes miembros de la familia de la familia inmediata de Lugo: Karina Isabel Carpio Bejarano, Luis Alfredo Motto Carpio y Nakary Marialy Motto Carpio; y los siguientes miembros de la familia inmediata de Motta: Yomaira Isabela Lugo de Lugo, Virginia Del Valle Lugo Lugo, Víctor Jesús Lugo Lugo y José Lugo Lugo.
Pompeo dijo en un comunicado que “esta designación reafirma el compromiso de EE. UU. de combatir la corrupción en Venezuela. Estados Unidos continúa apoyando al presidente interino, Juan Guaido, la Asamblea Nacional elegida democráticamente, y al pueblo de Venezuela en su lucha contra la corrupción y por la restauración pacífica de la democracia y la estabilidad económica”.
Advirtió que “el Departamento continuará utilizando estas autoridades para promover la responsabilidad de los actores corruptos en esta región y en todo el mundo”.
El caso de Motta Domínguez y Eustiquio Lugo
El ex-presidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez, y el director de adquisiciones de Corpoelec, Eustiquio José Lugo Gómez, fueron acusados en 2019 de haber participado en un esquema de corrupción y lavado de dinero que involucra contratos con la estatal de energía de Venezuela y empresas registradas en el Sur de la Florida.
El ex ministro venezolano y el ex funcionario de la compañía de electricidad estatal fueron acusados de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Los dos exfuncionarios del régimen chavista habrían recibido sobornos a cambio de entregar contratos de Corpoelec a empresas con sede en los Estados Unidos.
La acusación contra Motta Domínguez y Eustiquio Lugo, se produjo luego que los dos contratistas que recibieron los contratos se declararon culpables, por conspirar para violar la FCPA en relación con el esquema de pago corrupto en Corpoelec.
La acusación alega que a partir de enero de 2016 y alrededor de diciembre de 2018, Motta y Lugo conspiraron con otros para lavar el dinero proveniente de un esquema de soborno ilegal hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida.
Los fiscales federales alegan que Motta y Lugo otorgaron a tres empresas con sede en Florida más de $ 60 millones en contratos de adquisición con Corpoelec a cambio del pago de sobornos.
La acusación sostiene además que la actividad ilegal y que el esquema de soborno violó la FCPA e implicó delitos de coimas contra Venezuela.
Según los cargos, una parte sustancial de los ingresos de los contratos corruptos se lavó a través de instituciones financieras de EE. UU., utilizando cuentas bancarias ubicadas en el Distrito Sur de Florida.
Los dos contratistas se declaran culpables
El 24 de junio de 2019, Jesús Ramón Veroes, de 69 años, de Venezuela, y Luis Alberto Chacín Haddad, de 54 años, de Miami, Florida, se declararon culpables ante la juez federal de distrito dur de la Florida, Cecilia M. Altonaga, de un cargo de conspiración para violar varias disposiciones de la FCPA.
Veroes y Chacín serán por la juez Altonaga el 4 de septiembre de 2020.
Según lo confesado en sus declaraciones de culpabilidad, Veroes y Chacín acordaron entre sí y con otros co-conspiradores realizar pagos corruptos a funcionarios extranjeros en Corpoelec a cambio de la adjudicación de contratos de adquisición a empresas con sede en Florida.
Según los términos de sus acuerdos de declaración de culpabilidad, se requerirá que Veroes y Chacín pierdan al menos $ 5.5 millones en ganancias de los contratos obtenidos de forma corrupta, así como de bienes inmuebles en el área de Miami.
Este caso fue investigado por DEA Miami con asistencia de la Oficina de Investigaciones Criminales del IRS de Miami y la Oficina de Campo del Miami del FBI.
El fiscal federal adjunto Michael B. Nadler del distrito sur de Florida, el abogado litigante John-Alex Romano de la sección de fraude de la división criminal y el abogado litigante Joseph Palazzo de la sección de lavado de dinero y recuperación de activos de la división criminal están procesando el caso.
La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.
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