Álex Saab se mueve por distintas áreas. Por ello, desde 2018 incursionó en el negocio del oro. Una decisión que coincide con la escasez de divisas que existe en Venezuela, a tal extremo que el gobierno de Nicolás Maduro comenzó a usar el metal precioso para pagar algunos contratos.
Redacción ┊ Maibort Petit
El empresario busca ayudar al gobierno de Maduro a liquidar el oro extraído en Venezuela y convertirlo en divisas.
También Saab trabajó con Tareck El Aissami, actual ministro del Poder Popular de Petróleo y personero de la administración venezolana con nexos con el Medio Oriente y grupos terroristas como Hezbolá. Con él, Saab busca crear una estructura para que el gobierno venda oro a Turquía. Como resultado de estas operaciones corruptas y para evitar que Maduro y sus asociados “exploten aún más al pueblo y los recursos de Venezuela, el Departamento del Tesoro identificó al sector del oro de la economía venezolana como sujeto a sanciones en noviembre de 2018.
Álex Saab firmó un contrato con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) para adquirir moneda venezolana para comprar oro de mineros locales. As u vez el gobierno presionó a los mineros para que vendieran oro a Saab a una tasa de mercado oficial inflada, en lugar de mercado negro. Parte del oro fue enviado a Caracas para ser refinado, luego vendido al Banco Central de Venezuela (BCV) y, posteriormente, ser exportado fuera de Venezuela a lugares como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Las entidades turcas comprarían oro al gobierno venezolano y como mecanismo de pago, depositarían dinero en cuentas en Turquía, que a su vez transferiría fondos a una cuenta mantenida por el BCV en la nación oriental. Mulberry, la compañía de Álex Saab en Turquía, compró bienes en ese país en nombre de clientes venezolanos, subiendo los precios antes de ser vendidos nuevamente a Venezuela.
Se trata, pues, de un conjunto de irregulares transacciones con el oro venezolano que han sido señaladas de malos manejos y relacionadas con grupos criminales venezolanos, así como con funcionarios de seguridad corruptos y de la guerrilla colombiana, el Ejército Nacional de Liberación (ELN).
Cabe acotar , que la comercialización del oro proveniente de Venezuela ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro[1].
Las sanciones de la OFAC
En julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una serie de sanciones en contra de Álex Nain Saab Morán, por sus actividades especulativas erigidas como una vasta red de corrupción por medio de la cual, el expresidente venezolano, Nicolás Maduro y su régimen, se han beneficiado irregularmente a través de la importación y distribución de alimentos.
Según la OFAC, Saab obtuvo s contratos sobrevalorados, entre ellos el correspondiente al programa alimentario del gobierno denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Para ello, conformó una sofisticada red de empresas fantasma con socios comerciales y miembros de la familia, que le permitieron supuestamente lavar millones de dólares en en todo el mundo.
Las investigaciones de las autoridades estadounidenses determinaron que los tres hijastros de Nicolás Maduro, a saber, Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, así como al sobrino de la primera dama venezolana, Carlos Eric Malpica Flores, conocidos como “los chamos”, recibieron dinero del empresario colombiano, a cambio de resultar favorecido con contratos públicos, entre ellos el correspondiente al programa de subsidio de alimentos.
Esta relación con los familiares de Nicolás Maduro y Cilia Flores habría sido determinante para el acceso de Saab y Pulido a los funcionarios del gobierno de Venezuela, “permitiéndoles pagar los sobornos y comisiones ilegales necesarios para obtener contratos gubernamentales”.
“Los Chamos” también tuvieron acceso frecuente Tareck Zaidan El Aissami Maddah, designado el 13 de febrero de 2017 de conformidad con la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Como resultado, “Los Chamos” pudieron manipular a los destinatarios de los contratos y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los niveles más altos del gobierno venezolano.
“Álex Saab se involucró con los expertos de Maduro para administrar una red de corrupción a gran escala que usaron cruelmente para explotar la población hambrienta de Venezuela. El Tesoro está apuntando a quienes están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como a la red global de compañías fantasmas que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado por el ejército del antiguo régimen”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien agregó: “La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido a Maduro y a sus familiares robar al pueblo venezolano. Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de esquemas fraudulentos”.
Refiere la OFAC que el programa CLAP, creado en 2016, “En lugar de garantizar que la población vulnerable reciba los alimentos que necesita desesperadamente, el régimen lo utiliza como una herramienta política para recompensar el apoyo y castigar las críticas políticas. Al ofrecer alimentos a través de este programa, el régimen mantiene su influencia porque muchos venezolanos no tienen suficiente dinero para comprar alimentos y, por lo tanto, dependen de las raciones que proporciona el CLAP para sobrevivir.
“La participación de Saab con el programa CLAP comenzó en 2016 cuando él y Pulido idearon una estructura corporativa para adquirir la comida de un distribuidor extranjero, ensamblarla en un país extranjero y enviarla a Venezuela, todo al precio más rentable para ellos. Bajo la supervisión de Maduro, Saab obtuvo ganancias sustanciales e importó sólo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP”.
Saab y Pulido usaron negocios en México, como Group Grand Limited bajo el control del hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González, para maximizar las ganancias. Álex Saab se valió de una empresa estatal venezolana del estado Táchira que estaba exenta de impuestos a la importación. En la trama de corrupción intervinieron el para entonces gobernador tachirense, José Gregorio Vielma Mora, y Rodolfo Clemente Marco Torres, quien fungía como ministro de Alimentación. Ambos influyeron para que le fuera asignado el contrato a Saab.
Varias empresas tuvieron participación en el esquema corrupto: Asasi Food FZE, Mulberry Projec Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry), Group Grand Limited. Estas compañías, luego de ser designadas sin licitación, recibían la aprobación de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) para importar alimentos.
En muchos casos, estas empresas fantasmas recibían anticipos del gobierno de Venezuela, fondos de los cuales pagaban sobornos a los funcionarios del gobierno que facilitaban las operaciones. Tales desvíos se justificaban mediante cuentas corporativas de su propiedad o de otras empresas ficticias y de fachada. “Para oscurecer aún más el origen del dinero, estas compañías de fachada enviarían una parte del dinero robado a cuentas comerciales de compañías relacionadas cuya actividad financiera no estaba relacionada con el suministro de alimentos o la logística. Finalmente, utilizando estas cuentas, los conspiradores enviarían una parte del dinero robado a corruptos personajes políticos venezolanos de alto rango, sus familiares o asociados”.
Entonces, las empresas contratadas por el CLAP procedían a presentar facturas fraudulentas que reflejaban la compra de bienes por un monto alineado con el valor del contrato original sobrevaluado. “En muchos casos, las empresas contratadas por CLAP subcontratarían con otras empresas para cumplir con los términos del contrato, como comprar alimentos o armar cajas de alimentos a menudo con un valor nutricional inferior al estándar. Las compañías contratadas por CLAP trabajaron con compañías navieras y de seguros controladas por funcionarios corruptos del gobierno venezolano o sus socios comerciales para organizar el transporte físico de alimentos a los puertos venezolanos”, refiere el informe de la OFAC.
El proceso judicial en EE. UU.
El 25 de julio de 2019, se conoció que la Fiscalía General de los Estados Unidos había acusó a los empresarios colombianos, Álex Nain Saab Morán y a Álvaro Pulido Vargas, por la supuesta comisión de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y de lavado de instrumentos monetarios.
Específicamente, la acusación contempla que, en el Distrito Sur de la Florida, los demandados cometieron un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero. Se alega la pérdida de más de USD 350 millones que representan la cantidad de fondos involucrados en la violación.
La acusación formal contra Saab y Pulido refiere que estos presuntamente desempeñaron roles fundamentales en el lavado del producto de las “violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con un plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela”.
La acción legal la emprendieron el Fiscal General Adjunto, Brian A. Benczkowski, de la División Criminal del Departamento de Justicia; la Fiscal Federal, Ariana Fajardo Orshan, del Distrito Sur de Florida; y el Agente Especial a Cargo, Adolphus P. Wright, de la División de Campo de Miami de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Miami.
Se explica que “a partir de noviembre de 2011 y aproximadamente hasta septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela a través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos. Según la acusación, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas de bajos ingresos. Los acusados y sus cómplices supuestamente aprovecharon el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, según el cual se podían obtener dólares estadounidenses a un tipo favorable, mediante la presentación de documentos de importación falsos y fraudulentos sobre bienes y materiales que nunca se importaron a Venezuela y sobornando funcionarios del gobierno venezolano para que aprobarán esos documentos. La acusación formal alega que la actividad ilegal fue un esquema de soborno que violó la FCPA e implicó delitos de soborno contra Venezuela. También alega que se realizaron reuniones para promover el pago de sobornos en Miami y que Saab y Pulido enviaron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron aproximadamente USD 350 millones de Venezuela, a través de los Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban”[2].
Pero también en Nueva York la corte aguarda por su presencia, esperándose que, en próxima fecha, a las acusaciones contra Saab y Pulido, se sumen los nombres de otros colombianos que, supuestamente, integran el entramado de corrupción que movió millones de dólares provenientes del régimen de Maduro por Suiza, Emiratos Árabes, Francia, Bélgica, Italia, Turquía, Irán y Rusia.
- U.S. Department of the Treasury. “Treasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAP”. 25 de julio de 2019.
- Department of Justice. Office of Public Affairs. “Two Colombian Businessmen Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme”. 25 de julio de 2019.
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