Algunos diputado insistenten en ilegalidad del canje de los bonos PDVSA 2020 y recuerdan que la AN así lo declaró: Minutas y acuerdos aprobados
Redacción ┊ Maibort Petit
La disputa por la operación de canje de las notas 2017 por los Bonos PDVSA 2020, que tienen como garantía el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO Holding[entidad propietaria del activo más valioso de Venezuela en el exterior], ha trasapadado las paredes del parlamento venezolano para pasar a ser un pleito internacional que se definirá en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Los representantes del gobierno interino interpusieron en octubre de 2019, una demanda para que el tribunal declare “nulos e ilegales” los instrumentos financieros. La querella, contra de dos empresas que agrupan los tenedores de los bonos, MUFG Union Bank, N.A. y GLAS Americas LLC., ha llegado a su máximo apogeo y en el marco de la presentación de alegatos de las partes, los bonistas entregaron al juez un documento que avivó la discusión en el parlamento venezolano, ya que el representante del Grupo Ashmore, [ tenedor de una parte de los bonos] reportó que cuando los inversionistas tomaron la decisión de invetir en los instrumentos financieros venezolanos, lo hicieron basados en las opiniones de expertos, abogados, economistas y parlamentarios opositores que aseguraron que “ese canje de deuda no requería de la aprobación de la Asamblea Nacional”, por tanto, el fondo consideró y asumió que la operación que estaba realizando PDVSA, controlada por Nicolás Maduro, era legal y que no había riesgo de inversión.
En paralelo, la demanda en la corte de Nueva York, [interpuesta por representantes del interinato, bajo en mando del exprocurador, José Ignacio Hernández], plantea todo lo contrario, y es que el canje de la deuda sí requería de la aprobación del parlamento, y que por el hecho de no haber sido aprobada por el parlamento, la obligación de la república con los tenedores debe ser declarada nula.
El pleito, repotenció la discusión en la que se enfrentan opiniones contradictorias [y acusaciones] entre los parlamentarios de Voluntad Popular y Primero Justicia por este asunto. Aparece involucrado, además, el economista, Francisco Rodríguez, quien actúo como parte de los interesados en que la operación hecha por el chavismo en 2016. Rodríguez, para ese entonces impulsó el canje de deuda en los mercados de inversión y declaró que no había riesgos en la transacción. Su análisis sirvió para disipar las dudasque surgieron entre los inversionistas ante la pregunta de sí el intercambio de la deuda requería o no la aprobación de la Asamblea Nacional. Rodríguez coordinó el viaje de los inversionistas a Caracas en 2016, y realizó el cabildeo con la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y las altas autoridades de ese poder. Su objetivo era lograr que los inversionistas confiaran en la operación planteada por PDVSA e invertieran en los bonos PDVSA 2020.
Vale destacar que Francisco Rodríguez es parte del fondo de inversiones Torino Capital. El economista, que también trabajó como experto para la Asamblea Nacional, es un hombre cercano al exgobernador del estado Lara, y excandidato presidencial, Henry Falcón del partido Avanzada Popular.
***[Este aspecto lo destacamos en esta nota porque en el año que se discutió el canje de los bonos 2017 a los PDVSA 2020, Francisco Rodríguez realizó junto a otros economistas y Henry Falcón una gira de 10 días por Estados Unidos, para presentar una alternativa la crisis que se vivía en Venezuela. Los que participaron en esa jornada planteaban un acuerdo nacional que incluyera a los chavistas. En Nueva York, se realizó un evento, patrocinado por Torino Capital, el 9 de junio de 2016 en Nueva York, al cual tuvimos oportunidad de asistir. La conferencia fue convocada por Americas Society / Council of the Americas. Allí hablaron: Henri Falcón, Francisco Rodríguez, Orlando Ochoa y Victor Sierra (presidente de Torino Capital) y discutieron sobre los posibles escenarios y las soluciones económicas mientras Venezuela sufre una recesión económica histórica. El moderador de ese evento fue Francisco Toro, fundador y editor de Caracas Chronicles. En la antesala del evento, muchos de los asistentes al foro hablaron sobre supuestas especulaciones que había en el ambiente financiero sobre un posible anuncio pr parte de PDVSA para canjear los bonos]. En evento al que hacemos referencia está registrado en este video de ASCOA. Ver el video aquí.
El pleito en el Tribunal de Nueva York
Venezuela Política publicó una nota titulada: Bonistas aseguran en la corte de NY que Francisco Rodríguez, y los diputados Rafael Guzmán y Julio Borges, aseguraron que la emisión de bonos PDVSA 2020 no requería de la autorización de la Asamblea Nacional, basa en un documento que forma parte del expediente de la demanda MUFG Union Bank, N.A. y GLAS Americas LLC., en el que uno de los representantes de un fondo de Inglaterra que representó a los inversores de los bonos PDVSA 2020, Ashmore, revela que viajó a Caracas invitado por Francisco Rodríguez en 2016, y que en el marco de las conversaciones que realizaron para informarse sobre el caje de la deuda, habló con los diputados, Rafael Guzmán y el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Según la declaración jurada del representante de Ashmore, ambos confirmaron que la operación de canje de la deuda ofertado por PDVSA, no requería la aprobación del parlamento.
José Guerra (PJ) dice que es ilegal
El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, insistió recientemente que el refinanciamiento de los bonos PDVSA 2020 fue ilegal, ya que la misma, según su criterio “ha significado un daño al patrimonio público cuando se ofreció a CITGO como garantía”, a pesar de que la emisión original de estos bonos sí fue legal.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Guerra advirtió que la operación de canje de bonos “no era un endeudamiento ordinario porque cambiaban unos bonos por otros poniendo a CITGO como garantía. Allí el tema”, para así debatir la tesis oficialista que asegura que PDVSA se rige por la Ley de Administración Financiera del Sector Público y puede emitir bonos sin aprobación de la AN.
Guerra defendió a Rafael Guzmán y a Julio Borges argumentando que cuando se acordó el rechazo a la emisión del bono en la Asamblea Nacional, el voto de la fracción de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue unánime. “Nadie salvó el voto y el acuerdo lo presenté yo. El PSUV si se opuso y siguió adelante con la emisión y allí están los resultados. Guzmán y Borges son perseguidos políticos de la dictadura y no se acogieron al exilio voluntario”[1].
Xu narró que viajó a Venezuela en septiembre 2016, con otras personas que trabajan para fondos de manejos de inversiones. “El viaje fue organizado por Francisco Rodríguez, un analista de Torino Capital”. Agregó que en Caracas se reunió con Rafael Guzmán, abogado de la Asamblea Nacional y miembro de Primero Justicia, quien para la fecha presidía la Subcomisión de Finanzas y Políticas Públicas. “Guzmán declaró que de acuerdo a la ley venezolana la deuda de PDVSA no tenía que ser aprobada por la Asamblea Nacional. Guzmán advirtió que PDVSA puede usar los activos en el exterior, incluyendo los de CITGO Holding para garantizar la deuda sin aprobación del parlamento (…) Guzmán declaró que era su opinión personal, y que sabía que era la interpretación mayoritaria, que Xu entendió, que era de la Asamblea Nacional (…) El testigo sostuvo que ‘en ninguna reunión en Venezuela, nadie sugirió que la nueva deuda de PDVSA con la garantía de las acciones de CITGO era ilegal e inválida si no era aprobada por la Asamblea Nacional’”[2].
Rafael Guzmán “no he declarado sobre la ilegalidad de las notas”
El diputado a la Asamblea Nacional en representación del partido Primero Justicia, Rafael Guzmán, aseguró que nunca ha emitido declaración alguna sobre la ilegalidad de los Bonos PDVSA 2020, además de considerar que no es pertinente hacerlo en este momento en el que el asunto se debate en los tribunales por iniciativa de la Procuraduría Especial de Venezuela.
Guzmán admitió que desde 2016 ha expresado su opinión acerca de la Impertinencia e inviabilidad de haber usado a CITGO como garantía colateral.
Precisó que durante el debate parlamentario que tuvo lugar en septiembre de 2016, se discutió el canje de bonos y la AN aprobó con el voto unánime de toda la oposición, rechazar la utilización de CITGO como garantía por parte del gobierno de Nicolás Maduro en las operaciones de los bonos y, en tal sentido, se solicitó a la Fiscalía investigar estas negociaciones.
El diputado indicó que la declaración jurada del representante del Fondo de Inversiones Ashmore que contiene la opinión de un diputado hace más de 4 años, por lo que le llama la atención el momento y la forma en que se coló a la prensa.
Alejandro Grisanti también dice que fue un error demandar a los tenedores de bonos
Quien fuera director de la junta administradora Ad-Hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Alejandro Grisanti, dijo en una misiva al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guiadó, que no veía conveniente demandan a los titulares de los bonos PDVSA 2020, y dejó claro su rechazo a la estrategia legal emprendida por el entonces procurador especial del interinato, José Ignacio Hernández, de interponer una querella en la Corte de Nueva York en octubre de 2019.
En la prensa venezolana se discutió el asunto. Grisanti se enfrentó a Hernández y no estuvo de acuerdo con los señalamientos del exprocurador contra Primero Justicia en torno al tema de los bonos y recalcó que a PJ le parecía un error demandar a los bonistas y recomendó negociar la deuda y frenar la acción legal que inició Hernández a nombre de la Asamblea Nacional en la corte de Nueva York.
Grisanti cree que es escasa la posibilidad de ganar la querella contra los titulares de los bonos PDVSA 2020 y que un fallo negativo del juez podría traer consecuencias negativas para la república. “Si ganamos el juicio, no lo vamos a poder presentar como una victoria política dado que Pdvsa va tener que resarcir a los acreedores por el capital invertido”, dijo Grisanti a Petroguia.
Te puede interesa. Entrevista con el exprocurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández en Sin Filtros.
La Fracción 16 de Julio pide investigar
Por su parte, la Fracción Parlamentaria 16 de Julio ha ratificado públciamente la ilegalidad de los Bonos 2020 de PDVSA y ha exigido a la comisión especial desde octubre de 2019, que se designó en la Asamblea Nacional para investigar el caso, rendir cuentas al país sobre lo que se hizo luego de aprobar los intereses de dichos bonos el pasado 7 de mayo, rechazado por la F16J en el voto salvado que se entregó por secretaría.
El diputado Carlos Bastardo dijo en 2019, en nombre de ese grupo parlametario que los Bonos 2020 de PDVSA fueron un mecanismo para poner en garantía a la empresa CITGO.
Bastardo saludó que la AN le diera la razón a la F16J por reconocer la ilegalidad de estos bonos, que se convierten en un daño al patrimonio de la nación.
La minuta de la sesión de la AN de septiembre de 2016
El 27 de septiembre de 2016, se llevó a cabio un debate en el seno de la Asamblea Nacional, “sobre los efectos del canje de bonos de PDVSA”.
La primera intervención la tuvo el economista y diputado, José Guerra, quien luego de explicar lo que eran los bonos y los procesos de endeudamiento, pasó a referirse específicamente a los bonos corporativos emitidos por la estatal petrolera que se conocían como PDVSA-2017 que, para el momento tenían un rendimiento de 22 por ciento, “el rendimiento más alto del mundo, reflejando el mayor riesgo del mundo que cualquier corporación petrolera internacional pueda tener”.
PDVSA buscaba cambiar dichos papeles por una nueva emisión, los denominados PDVSA 2020, un canje que a ojos del diputado Guerra, se estaba planteando porque los inmensos ingresos petroleros recibidos entre 1999 y 2015 y que alcanzaron unos 800 mil millones de dólares, no se utilizaron para aumentar la producción petrolera o resolver los grandes problemas de Venezuela. Además de denunciar a Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA de haber endeudado a la corporación irresponsablemente el diseñar deuda con condiciones inconvenientes para el país.
Lo más grave de esta operación es que se ponía el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO como garantía de la emisión de bonos y con 8,50 por ciento de interés.
A partir de entonces, las intervenciones oficialistas giraron en torno a negar que el canje de los bonos PDVSA 2017 por los PDVSA 2020 no debía ser calificado de endeudamiento como insistía la oposición, sino como un “reperfilamiento” o “canje voluntario” o “reformulación de la deuda”; así como para asegurar que el proceso de canje no podía catalogarse de contrato de interés público y que el mismo se enmarcaba en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
Entretanto, los diputados de la Mesa de la Unidad (MUD) refutaron tal definición de “reperfilamiento” de la deuda; subrayaron la mala política petrolera implementada, la cual llevó al quiebre de la empresa; la inconveniencia de poner como garantía la mitad de las acciones de CITGO; la certeza de que con el canje sólo se aliviaría el problema por poco tiempo, pues luego no habría como pagar el incremento de la deuda adquirida.
Entre las intervenciones de los diputados de la MUD, Freddy Guevara ratificó que la Asamblea Nacional, “como lo hemos planteado con el arco minero y con todos y cada uno de los inventos inconstitucionales que le han hecho al mundo, no va a reconocer ningún contrato de interés nacional que no pase por esta Asamblea Nacional; a los acreedores internacionales se lo decimos muy clarito, ustedes saben que este Partido va de salida y que este pueblo va a entrar a Miraflores muy pronto y no nos van a poder pedir a nosotros que cumplamos los compromisos de unos irresponsables que destruyeron a PDVSA. Por último, ratificamos que ejecutar ese canje y comprar esos bonos es un acto que atenta contra el bien público nacional; al acceder a ese canje se estaría cometiendo una irregularidad. Por lo tanto, no solo no lo vamos a reconocer, sino que también vamos a investigar a todo aquel que apruebe ese canje, porque estarían siendo cómplices de un acto de desfalco a la Nación y de destrucción de la producción nacional”.
La intervención de Guzmán en el debate
El debate se cerró con la intervención del diputado de Primero Justicia, Rafael Guzmán, quien en primer lugar destacó que dadas las condiciones de la empresa PDVSA ya “no es de todos los venezolanos, PDVSA es de los acreedores, PDVSA no sirve para los intereses de los venezolanos, PDVSA sirve para los intereses de los acreedores”.
Guzmán refutó las condiciones del canje, las cuales estuvieron lejos de tener las convenientes condiciones que desde el oficialismo se pregonaban. Ejemplificó que en diciembre de 2016 en lugar de los USD 4.079 millones, fueron USD 2.000 millones; en 2017 el ahorro sería de apenas de USD 1.300 millones, pues de USD 7.266 millones se pasarían a pagar USD 5,900 millones; en 2018, en lugar de pagar USD 1,800 millones, el canje llevaría a pagar USD 3,900 millones: en 2019, en lugar de cancelar USD 4,565 millones, tendrían que pagarse con el canje USD 5.356 millones.
“Es un canje por una nueva deuda, señores, y esa es la realidad, que además es un canje y no estamos recibiendo un solo dólar para nueva inversión”, advirtió.
Destacó la errada política que llevó a que aun cuando se tuvieron ingresos de USD 700 mil millones, no se pagó siquiera a los contratistas de PDVSA y, por otra parte, que la deuda pasó de USD 2.900 millones a USD 46.000 millones, es decir, 15 veces mayor.
Y finalizó:
“Miren, señores, en el sector financiero uno siempre dice que el problema de PDVSA y de Venezuela no es de solvencia, es de liquidez y efectivamente es de liquidez, pero tenemos que agregar algo: no solo es de liquidez es de incapacidad; ustedes han sido incapaces de resolver los problemas de los venezolanos, ustedes han sido incapaces de poner a PDVSA a producir 6 millones de barriles de petróleo, ustedes han sido incapaces de manejar honestamente la fortuna y la mayor renta petrolera que país alguno haya podido tener en 15 años, pero de algo no van a poder ser incapaces y es de frenar la voluntad de los venezolanos de sacarlos del poder por vía constitucional y democrática. Allí se acabó la incapacidad de este Gobierno, la voluntad de los venezolanos la empezamos a partir del 6 de diciembre y este mismo año, con la voluntad de los venezolanos, los vamos a sacar del poder”.
El acuerdo 27 de septiembre de 2016
En esa oportunidad la AN aprobó el “Acuerdo sobre la Situación Financiera Actual de Petróleos de Venezuela S.A.” el cual, en primer término, planteó citar al presidente de PDVSA para la época, Eulogio Del Pino, para que le explicara a la AN los términos de la operación de canje de bonos, fundamentada en el otorgamiento de la mayoría de las acciones de CITGO Holding INC como garantía.
En segundo lugar, la AN decidió “Rechazar categóricamente que dentro de la operación de canje se ofrezca como garantía con prioridad por el 50.1% de las acciones que conforman el capital social de CITGO Holding INC, o que se constituya garantía sobre cualquier otro bien de la Nación”.
Tercero, la AN exhortó al Ministerio Público a abrir una investigación para determinar si la operación de canje resguardaba el patrimonio de la nación, en atención a lo establecido en la Constitución.
En cuarto lugar, la AN exhortó a PDVSA a presentar un plan de reperfilamiento de sus compromisos financieros y un plan de recuperación de la industria petrolera para el corto y mediano plazo.
El Acuerdo de noviembre de 2017
El 7 de noviembre de 2017, siendo presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges; primer vicepresidente, Freddy Guevara; segunda vicepresidente, Dennis Fernández, el Poder Legislativo venezolano aprobó el “Acuerdo sobre la reestructuración de la deuda externa y sus implicaciones en la economía”, adoptado sobre la base de una serie de circunstancias como el despilfarro de los inmensos ingresos petroleros que Venezuela recibió entre 1999 y 2014; la malversación de los fondos públicos venezolanos; la merma de la producción petrolera en lugar de las promesas formuladas durante años del incrementar la misma; la escandalosa inflación; el gran endeudamiento del país por USD 120 mil millones; y el recorte de las importaciones de los bienes esenciales:
La AN acordó rechazar categóricamente el proceso de reestructuración de la deuda externa venezolana anunciado para ese entonces por el Poder Ejecutivo Nacional bajo las circunstancias sobre las cuales se realizaba.
En segundo termino, la AN acordó exigir al Ejecutivo Nacional que presentara el proyecto de presupuesto nacional y la ley de endeudamiento anual donde se contemplaba el refinanciamiento de la deuda externa, para su revisión y aprobación.
Tercero, se rechazaría cualquier procedimiento que pudiera presentarse “ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente” relacionada con la presentación y aprobación de las condiciones de refinanciamiento de la deuda externa.
Como cuarto punto, la AN acordó notificar a la comunidad internacional, al cuerpo diplomático y a la banca nacional e internacional sobre el acuerdo.