La juez federal para el Distrito Sur de Nueva York, Alison Nathan, aseguró que tiene «serias preocupaciones sobre la conducta de la gobierno», en relación a la decisión que tomaron los fiscales de tratar de retirar los cargos de violación de sanciones de Estados Unidos contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero contra un banquero Ali Sadr Hashemi Nejad, quien fue condenado por un jurado en marzo de 2020 y cuya sentencia estaba prevista para agosto.
Por Maibort Petit @maibortpetit
Nathan, ordenó a los fiscales que explicaran su decisión de solicitar el rechazo del caso contra Ali Sadr Hashemi Nejad, de 40 años, quien fue declarado culpable en un tribunal federal de Nueva York de ayudar a canalizar $ 115 millones provenientes de proyectos de construcción de Venezuela a Irán, a través del sistema financiero de los Estados Unidos, usando para ello varias firmas off shores creadas para tal fin en varios países.
La decisión del Departamento de Justicia de desestimar el enjuiciamiento del Sadr, sorprendió a varias personas vinculadas al caso, ya que es inusual que se retiren los cargos a una persona que ha sido convicto por un jurado, y antes de la lectura de su condena.
Los fiscales en el caso Sadr habían citado la probabilidad de un litigio continuo sobre la evidencia suprimida en su solicitud presentada el viernes ante la juez Nathan.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó en un comunicado que debido a que abordar los problemas que se planteaban ante la solicitud de la defensa de apelar el caso, requería fondos, continuar con el caso «no sería en interés de la justicia».
La defensa de Sadr pidió al tribunal que apruebe un nuevo juicio y que presente una sentencia de absolución.
Los representantes de Sadr sostienen que desestimar el caso y dejar en su lugar la condena de Sadr podría resultar en su deportación de los EE. UU.
La juez del Distrito Sur de Nueva York planteó su preocupación ante la posibilidad que los fiscales del caso hayan fallado en el proceso de entregar a la defensa evidencia que podría considerarse exculpatoria, como lo exige la ley.
Nathan ordenó al gobierno que compilara una lista de todas las pruebas que pueden haber sido retenidas incorrectamente. También pidió los nombres de todos los fiscales que podrían haber estado involucrados con la retención de evidencia, así como sus supervisores.