A continuación les contamos parte de esta historia de corrupción variopinta.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
Una demanda por incumplimiento de contrato —interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP, [encabezado por los abogados Jeffrey B. Korn y Michael Gottlieb]— fue publicada por primera vez por el New York Times el 13 de mayo de 2020 (1). En la querella, PDV USA busca que Interamerican Consulting Inc, —una empresa de maletín propiedad del excongresista cubano-americano, David Rivera— devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios ‘de cabildeo’ que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017. Rivera, quien ha sido investigado por el FBI por otras situaciones irregulares, dijo luego al Miami Herald que: “Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo de eso. Eso es todo lo que sé»(2).
Rivera agregó al Nuevo Herald que la administración Trump, incluido el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, «estaban al tanto de todo».
No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en los Estados Unidos.
¿Quién pagó los $15 millones a David Rivera?
La demanda fue interpuesta por uno de abogados de CITGO, que ha trabajado para las administraciones del régimen chavista, y quien fue contratado nuevamente por la presidente de la Junta Directiva de CITGO, designada por el presidente interino, Juan Guaidó en 2019, Luisa Palacio. Michael Gottlieb —quien también estuvo asociado al bufete que defendió a los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro— ha jugado un rol crucial en las decisiones de Palacios. En Venezuela Política hemos escrito sobre la relación Palacios- Gottlieb y el acoso que ambos mantienen al personal de CITGO que ha denunciado las irregularidades dentro la corporación. (3).
El pago corrupto
Por aquel entonces, se presentaron unas facturas para justificar un pago un total de $15 millones (tres facturas de $5 millones cada una) a favor de Interamerican Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de las ‘facturas’, que —a decir de muchos— eran simples papeles, sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarlas». A todas luces se veía que «era una operación de la lavado de dinero», sostuvieron dos fuentes internas de CITGO, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que está sometido el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.
Las tres facturas «por servicios profesionales» eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y «se pagó por una orden de arriba». Para ese momento, José Pereira (actualmente bajo arresto en Venezuela, acusado por delitos de corrupción) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser.
CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y «todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo». La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales.
Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días), «por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita», comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, «José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas».
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación —entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez— para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.
Febrero de 2019
Cuando asumió la nueva junta directiva de CITGO, encabezada por Luisa Palacios, se les informó sobre las múltiples irregularidades cometidas por las anteriores administraciones de CITGO, y les entregaron informes sobre los ejecutivos que presuntamente habían cometido los delitos, tanto los venezolanos como los norteamericanos. Pero, contrario a lo que muchos esperaban, los nuevos directivos no tomaron ninguna acción, sino que se dedicaron a evitar que la información trascendiera las paredes del edificio sede ubicado en 1293 Eldridge Pkwy, Houston, TX 77077.
Otra fuente de PDVSA, Caracas, confirmó a Venezuela Política que «los pagos a la empresa Interamerican Consulting Inc fueron hechos en un cien por ciento por el personal de CITGO, por orden de la junta directiva de PDVSA. Las operaciones fueron procesadas y ejecutadas por José Pereira ( bajo arresto en Venezuela) y Gina Coon (actual tesorera de CITGO) violando todos los controles y procedimientos internos de revisión».
Un elemento importante, que vale la pena destacar, es que los registros constitutivos de PDV USA muestran que la empresa demandante es un ente de la misma CITGO. «Para el momento que se realizaron los pagos corruptos a la empresa de maletín del excongresista David Rivera, CITGO estaba manejada, controlada y administrada por José Pereira, Gustavo Cárdenas, y Nelson Martínez», acota la fuente consultada en PDVSA, Casa Matriz .
En la demanda se pretende establecer que PDV USA es una unidad de PDVSA, «pero dicho argumento es sólo para encubrir a CITGO», dijo una fuente interna familiarizada con el caso.
PDV USA es fondeada por las compras de petróleo y pagos que hace CITGO a PDVSA. «En vez de pagar a PDVSA, parte de ese dinero es/era transferido a las cuentas de PDV USA en Estados Unidos, para pagos [principalmente] a proveedores, que en realidad no eran tales, por ejemplo: 1) Proveedores usados en CITGO Aruba; 2) Gastos de propaganda política del régimen venezolano en los Estados Unidos; 3) Gastos de viaje de personajes del régimen,
[Delsy Rodríguez y otros]; 4) Gastos de los consulados, fiestas en misiones de la ONU en NYC, [como fue el caso de Rafael Ramírez y María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chávez]; y 5) muchas otros pagos como donaciones no controladas.
Los reportes internos muestran que las cuentas bancarias de PDV USA son/eran manejadas por Gina Coon (Tesorera) bajo la dirección de José Pereira, Gustavo Cárdenas y Nelson Martínez.
El entramado de corrupción que se manejó desde CITGO envuelve muchos otros casos como el del ex congresista, David Rivera. «Hay operaciones fraudulentas vinculadas a abogados, congresistas, consultores, contratistas y empleados de CITGO que colaboraron con las transacciones corruptas y apoyaron al régimen de Nicolás Maduro desde los Estados Unidos», aseguró la fuente.
Contrario a lo que dice la demanda del bufete Willkie Farr & Gallagher LLP, «los detalles y hechos de este caso son varios y envuelven varias acciones ilegales que afectan principalmente a CITGO, comenzando por violaciones de políticas y procedimientos internos, así como posibles violaciones de leyes de lavado de dinero, fraude, soporte a un régimen comunista, fraude postal, fraude electrónico, entre otros hechos ilegales incluidos en la ley RICO y otras leyes federales de los Estados Unidos», acotó.
Una de las fuentes consultadas señaló que la demanda «es una presunta estrategia de la actual junta directiva de CITGO que busca cubrirse las espaldas ante la investigación que realiza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en CITGO».
Otro informante sostiene que «el abogado Michael Gottlieb, Luisa Palacio, Carlos Jordá y el resto de los actuales directivos saben que no va a recuperar los $15 millones de la demanda y que la única razón por la cual se interpuso la querella fue por la presión que existe por la investigación del DoJ». Se preguntan: ¿Por qué CITGO no demandó a Ernesto Guevara que supuestamente defraudó a CITGO por más de $300 millones?.
Además de los ejecutivos mencionados, en los reportes internos de CITGO sobre este caso, aparecen señalados [por ser presuntamente cómplices o encubridores] Gina Coon, Rick Esser, Jennifer Moos (recientemente jubilada sin ser investigada) y Judith Colbert(4).
Hasta la fecha, la junta directiva designada por Juan Guaidó y sus abogados, no habían tomado acciones significativas en contra de los proveedores y empleados que defraudaron a CITGO, «por el contrario, han soportado la retaliación en contra de los empleados/directores que reportaron casos de fraude internamente (incluyendo el de David Rivera), y han encubierto a empleados que presuntamente son cómplices en operaciones de lavado de dinero en CITGO», acotan.
Este caso fue reportado a Rick Esser y Jennifer Moos, porque estos dos ejecutivos de CITGO eran quienes manejaban el Comité de Cumplimiento «y no cumplieron con su deber de revisar y aplicar las leyes federales, que obligan a las empresas a investigar todas las demandas internas de empleados y asegurarse de actuar adecuadamente, tomar acciones correctivas, implementar controles necesarios, entre otras acciones».
La demanda describe hechos que nunca ocurrieron en CITGO
En la demanda se señala que PDV USA se negó a pagar las facturas correspondientes a los meses siguientes, que sumaban $35 millones. No obstante, dos fuentes internas de CITGO confirmaron a Venezuela Política que «durante el 2017 o el 2018, PDV USA (CITGO) no «se negó a pagar» las facturas de Interamerican Consulting, lo que ocurrió fue que dichas facturas y el contrato como tal no se canceló más por la intervención de tres directores que, al detectar que el contrato y los pagos eran ilegales se enfrentaron a José Pereira y a Nelson Martínez y detuvieron el esquema fraudulento, por lo que los pagos adicionales y cualquier relación futura entre CITGO/PDV USA y David Rivera quedaron al descubierto».
El directorio de PDVSA, conformado para aquel entonces por Guillermo Blanco, Eulogio Del Pino, Maribel Parra, Nelson Ferrer, Ysmel Serrano, Delcy Rodríguez, Simón Zerpa, José Pereira, y Edoardo Orsoni representado a CITGO aprobaron los servicios de consultoría legal internacional para “Asuntos estratégicos”. Y ordenaron la contratación de David Rivera y otros abogados.
Corrupción generalizada
Una de las fuentes internas de CITGO, consultadas para este reporte, nos confirmó que a finales de abril 2017, en contra de la gerencia senior de CITGO (José Pereira y Nelson Martínez) y de las órdenes de los miembros de las juntas directivas de PDVSA y CITGO —bajo un ambiente de corrupción y complicidad generalizada— tres directores de CITGO detectaron la transacción ilegal y lograron parar el contrato y pagos adicionales por $ 35 millones a Interamerican Consulting. Estos directores arriesgaron sus puestos de trabajo y se enfrentaron a retaliaciones posteriores por parte de José Pereira, Nelson Martínez, Gustavo Cárdenas, Rick Esser, Judith Colbert y otros directores cómplices, que todavía siguen en CITGO bajo la nueva administración.
La excusa del contrato de David Rivera
La excusa del contrato con Rivera para realizar una Consultoría de Servicios Estratégicos (Strategic Consulting Services) «fue algo totalmente ilógico», sostiene la fuente. «Las transacciones fueron mantenidas en secreto por los directores de CITGO / PDVSA y los consultores y abogados estadounidenses que respaldaron este y otros acuerdos relacionados».
Agrega que «los directores de CITGO / PDVSA utilizaron a Interamerican Consulting, Inc./David Rivera y (su cuenta bancaria) como agente o intermediario para ocultar las transacciones, vínculos y objetivos trazados en los Estados Unidos con el régimen comunista de Nicolás Maduro».
Hasta ahora se desconoce el uso final de los 15 millones que consiguieron extraer de CITGO. Las investigaciones del DOJ/FBI están tras la pista de las transacciones bancarias para determinar el destino de los fondos robados al pueblo venezolano. Es necesario aclarar quién se beneficio o qué tipo de actividades ilegales se financiaron con este esquema.
Lo que dice la demanda
La querella por incumplimiento de contrato interpuesta en la Corte del Distrito Sur de Nueva York establece lo siguiente:
2. PDVSA es la compañía estatal de petróleo y gas natural de la República Bolivariana de Venezuela y, en ese momento, estaba controlada por el régimen de Nicolás Maduro. PDV USA recibió instrucciones de la empresa matriz (PDVSA) de su empresa matriz (PDV Holding, Inc.) para celebrar el Acuerdo con el propósito de mejorar la «reputación a largo plazo» de PDVSA en los Estados Unidos. (No se menciona a CITGO)
4. El Gobierno de Guaidó nombró una Junta de Directores Ad Hoc de PDVSA para supervisar las operaciones estadounidenses de las filiales de PDVSA en Estados Unidos, incluida PDV USA (No se nombra CITGO). En agosto de 2019, el Tribunal de Cancillería de Delaware dictaminó que, según la ley estadounidense, los nombramientos de Guaidó a la Junta Ad Hoc de PDVSA eran presuntamente válidos.
Lo único que se recibió fueron dos breves informes de progreso proporcionados por Interamerican que aclaran que los servicios de consultoría se estaban prestando a PDVSA. Dichos informes describieron que Interamerican había organizado reuniones que «permitían al Cliente proporcionar sus puntos de vista y perspectivas sobre los eventos actuales en Venezuela y su interpretación en los Estados Unidos». Aunque «Cliente» se define en el informe de progreso como PDV USA, la referencia a eventos actuales en Venezuela deja en claro que los intereses de PDVSA eran el tema de los servicios de consultoría estratégica.
1) Informarían a los responsables políticos y líderes de opinión sobre las iniciativas y logros de PDVSA;
2) Reforzar la posición de PDVSA entre importantes funcionarios públicos y líderes de opinión»; y
3) Mejorar la «reputación a largo plazo» de PDVSA y su «prestigio» con las «partes interesadas».
La empresa contratada acordó además «identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos».
El contrato establece que Interamerican debía proporcionar:
(1) actualizaciones con respecto a sus servicios de consultoría estratégica con detalles adecuados y completos de los servicios prestados;
(2) documentación de respaldo para todas las facturas presentadas;
(3) informes quincenales que detallan sus actividades en virtud del Acuerdo; y
(4) un informe final que integra todos los productos de trabajo desarrollados de conformidad con el contrato.
Los informes se refieren, dice la querella, genéricamente a reuniones y discusiones con «importantes formuladores de políticas y líderes de opinión en los Estados Unidos», «funcionarios públicos clave», «partes interesadas objetivo», «partes interesadas del sector público» y «partes interesadas del sector privado», pero no describen el propósito de esas reuniones, quién asistió, qué se discutió o qué hace que cualquiera de estos líderes, funcionarios o partes interesadas sea importante para el «plan estratégico» de Interamerican.
En vista del hecho de que el Demandado no había realizado y no contemplaba realizar ningún servicio en nombre de PDV USA y PDVSA, las empresas contratantes solicitaron conjuntamente el consentimiento del Demandado para concluir el acuerdo, pero el acusado se negó a dar su consentimiento. En cambio, Rivera continuó exigiendo que PDV USA pagara los $ 35 millones supuestamente adeudados.
1)https://www.nytimes.com/2016/03/12/us/marco-rubio-david-rivera.html
2) https://www.miamiherald.com/news/local/article242707216.html
3) https://www.maibortpetit.info/search/label/abogados%20narcosbrinos?m=0
4)https://www.maibortpetit.info/2020/01/busca-citgo-silenciar-casos-de.html
5)https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-13/venezuela-s-pdvsa-paid-ex-congressman-15-million-suit-says
Ese informe si que costó caro de verdad .Riera debe dar expĺcaciones.
Prendieron la lavadora y ni nos avisaron .