Por Maibort Petit
@maibortpetit
Pese a la disposición de la nación receptora, una serie de circunstancias dificultan la regularización de los solicitantes de asilo provenientes del país gobernado por Daniel Ortega, por lo que se impone una solución concertada entre los países de la región, en particular, y la comunidad internacional, en general, para hacer frente a la problemática.
Un documento elaborado por la plataforma digital de información y análisis Panóptico Nicaragüense denominado “Refugiados Políticos nicaragüenses en Costa Rica: problemas y propuesta de acción”, da cuenta de la problemática que enfrentan decenas de miles de perseguidos de Nicaragua refugiados en el territorio de Costa Rica, quienes han huido en razón de las persistentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se vive en Nicaragua.
La investigación desarrollada in situ permitió constatar la realidad que padecen desde su arribo a Costa Rica pese a la buena voluntad manifestada por el gobierno de esa nación, en primer lugar por el hecho de que el estatus de refugiado se ha otorgado a muy pocas de estas personas, lo cual les impide disfrutar de los derechos inherentes a dicha condición de refugiados y, por ende, hacer frente a la precaria condición migratoria que presentan, asociada con apremios humanitarios fundamentales, tales como comida, techo y salud, así como la necesidad de regularizar la situación laboral.
El equipo que desarrolló la investigación plantea una serie de posibles soluciones que requieren del apoyo de la comunidad internacional, del gobierno de Costa Rica, de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de refugiados nicaragüenses.
La problemática de los refugiados
El informe refiere que de acuerdo a datos de la Dirección General de Migración y Extranjería costarricense, la crisis en Nicaragua surgida desde el mes de abril de 2018, dio pie a que 42 mil 400 nicaragüenses solicitaran refugio en la nación vecina a comienzos de febrero del 2019.
Se indica que a 23 mil 100 de estas personas se les concedió carnet de solicitante de refugio —quedan pendientes por atender un poco más de 19 mil— de los cuales 4 mil 990 recibieron permisos de trabajo. Es de hacer notar que el referido carnet solamente regulariza de manera temporal la permanencia en territorio costarricense mediante el estatus de solicitante de refugio, pero no concede ningún derecho adicional.
Se espera que para el próximo mes de mayo se inicie la fase de resolución de esta situación y se decida en consecuencia el otorgamiento, o no, de la condición de refugiados a los solicitantes, lo cual ya supone el surgimiento de nuevos problemas.
Se advierte que al desconocerse con precisión la magnitud de los nicaragüenses que se vieron forzados a huir de Nicaragua a consecuencia de la represión, la salida e ingreso de las personas se produjo de manera irregular, a lo que se agrega el hecho de que no todos presentaron solicitud de refugio. Esto ocurrió —según los investigadores— por la falta de información y de recursos, por el temor a proporcionar datos personales por motivos de seguridad, al desaliento ante lo prolongado de los plazos o por considerar que el estatus de solicitante de refugio representa más bien una pérdida de tiempo y de recursos de los que carecen y que no resuelve los problemas más apremiantes que padecen.
El reporte hace referencia al procedimiento implementado por la Dirección General de Migración de Costa Rica para solicitar el estatus de refugiado, siendo que, en primer término, el interesado presenta una solicitud directa o por vía telefónica —la llamada tiene un costo de 4 dólares, como mínimo— y se le programa una cita de preadmisibilidad para varios meses después. Al asistir a la entrevista reciben el carnet de solicitante de refugio y se les asigna otra cita para la sesión de elegibilidad.
Luego de tres meses de la primera entrevista el interesado puede presentarse para solicitar un permiso de trabajo, lo que supone que entre el ingreso a Costa Rica, la presentación de la solicitud y la recepción de un permiso laboral, transcurren más de tres meses.
Tal situación —advierte el informe— ocasiona otro problema de carácter humanitario, toda vez que el solicitante de refugio y su familia se mantienen en una situación que les impide la obtención de un empleo que les permita cubrir los gastos de vivienda, alimentación, salud mediante en in ingreso regular. Se acota que esta situación se hace menos patente gracias a la ayuda de organizaciones no gubernamentales costarricenses, por el apoyo de familiares y amigos, la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la solidaridad de nicaragüenses residentes en Estados Unidos. Pero esta ayuda no es suficiente, ni adecuada, ni ordenada, ni sostenible, ni digna, alertan los investigadores al tiempo que agregan que, además, ya está en proceso de agotamiento.
Acceder a un empleo —es el criterio con mayor consenso— podría mitigar parte del problema humanitario de los solicitantes de refugio, aunque se tiene claro que el ser portadores de un permiso de trabajo, no asegura la obtención de dicho empleo. Pero es un principio de solución.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también advierte de esta situación de los refugiados por la “…la dificultad de gozar efectivamente de sus derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación y al trabajo”.
A todo esto se agrega lo denunciado con relación al irrespeto al principio de no devolución, pues hay personas que han sido rechazadas y devueltas a territorio nicaragüense a través de la frontera, sin analizar las necesidades de protección internacional o situaciones de vulnerabilidad. Especial atención merece el caso de los niños y adolescentes por su condición de vulnerabilidad.
Otro asunto al que hace mención el informe, es la necesidad de atender con premura el acceso a la educación en condiciones materiales, pedagógicas y psicológicas apropiadas, esto en razón de que traumas, deserción escolar, bajo rendimiento y otras secuelas, demandan un enfoque particularizado.
Resalta el reporte que las circunstancias irregulares y los apuros de migrantes “históricos” se sobreponen y traslapan con la problemática específica de los perseguidos políticos, haciendo aún más compleja la situación.
Acotan que las expectativas de las negociaciones en Nicaragua no permiten vislumbrar en el corto plazo condiciones para un retorno seguro de los perseguidos pues, al contrario, “la crisis socioeconómica augura mayores flujos. De ahí que deba adoptarse una perspectiva de largo plazo”.
Causas de la problemática
Entre las causas de la situación reinantes, el informe indica, en primer lugar, la permanencia en Nicaragua de un régimen señalado por organizaciones internacionales de violar sistemática, masiva y gravemente los derechos humanos de la población.
En tal sentido, advierten que mientras no se produzcan soluciones creíbles y duraderas, el problema persistirá y puede tender a agravarse con el deterioro progresivo de la situación económica y social del país.
En segundo lugar, se refiere que el territorio costarricense es habitual destino de migrantes nicaragüenses por razones económicas, al tiempo que es territorio de tránsito de migrantes de otras nacionalidades que se desplazan con rumbo norte. Costa Rica, subrayan, no estaba preparada institucionalmente, ni cuantitativa ni cualitativamente, para atender una oleada de perseguidos políticos de semejante magnitud.
Y es que las dependencias de migración costarricenses no contaban con los recursos humanos y materiales necesarios para atender con agilidad la avalancha de solicitudes a que han tenido que hacer frente.
De hecho, la Dirección General de Migración reveló que “…en 2016 solicitaban refugio 1.696 personas del Triángulo Norte de Centroamérica (38% del total) y 1.423 de Venezuela (32%) …dada la precariedad de recursos ante el incremento de las solicitudes este procedimiento puede ser prolongado”, siendo que esta descripción corresponde a dos años antes de la avalancha de perseguidos políticos.
Por otra parte, los perseguidos tienen una composición muy distinta a los flujos de migrantes nicaragüenses que habitualmente recibe Costa Rica —trabajadores de menor calificación— mientras que ahora arriban estudiantes, pequeños empresarios, campesinos, madres y padres de familia con hijos menores, asalariados, trabajadores de la economía informal, artesanos, profesionales de distintas áreas. Se trataba de personas que no tenían una intención inicial de emigrar, sino que debieron huir en condiciones precarias en extremo, abandonando abruptamente sus ocupaciones y dejando familias en desamparo.
Los albergues existentes en Costa Rica están habilitados para migrantes de paso y no para perseguidos políticos, por lo que con las oleadas de refugiados se han quedado vacíos.
“La falta de reconocimiento de esta calidad distinta es una de las causas: Se trata de un problema de naturaleza política, con consecuencias migratorias, y no un hecho migratorio. Admitir la naturaleza política del problema y la definición de perseguidos políticos es, sin duda, el punto de partida para abordar el problema en su real dimensión. Y las soluciones”.
Se deja sentado que el gobierno de Costa Rica instituyó una política de puertas abiertas a los perseguidos y adoptado medidas constructivas, pero restricciones fiscales y un entorno político y social complejo —incluidos algunos brotes de xenofobia— se convierten en realidades que obstaculizan poner el tema en la agenda nacional o internacional.
En tercer término, el informe enumera entre las causas del problema la dispersión territorial de los perseguidos políticos, la fragmentación en grupos territoriales, gremiales y políticos, y la desconexión entre los mismos, lo cual dificulta una interlocución que facilite abordar la situación de manera integrada.
Como cuarta causa, el informe hace referencia a la comunidad internacional, la cual, presumiblemente, carece de información suficiente. En este sentido, manifiestan que los pronunciamientos sobre Nicaragua formulados por la Unión Europa, la OEA y los Estados Unidos, salvo alguna referencia de orden político, obvian mencionar la problemática real que padecen los perseguidos políticos refugiados en Costa Rica. “De lo contrario no se explica cómo, habiendo niñas y niños en condición precaria, UNICEF está ausente”.
También la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se encuentra ausente aun cuando existen necesidades de sanitarias. “Hay necesidades de adiestramiento y de mecanismos para abrir oportunidades de empleo, y OIT está ausente. Hay un grueso número de mujeres, y UNIFEM está ausente. La acción del PNUD no es notoria. En fin, el Programa Mundial de Alimentos, la Unión Europea, USAID y donantes bilaterales están ausentes”.
Las propuestas de solución
El informe de Panóptico Nicaragüense plantea una serie de pautas que podrían significar una posible solución al problema.
La primera de las propuestas es reconocer que se trata de un problema de naturaleza política, con manifestaciones migratorias, humanitarias y de derechos humanos que no se está resolviendo.
Luego agregan que tal reconocimiento no corresponde únicamente al gobierno de Costa Rica, pues el asunto va más allá del estado y de la sociedad costarricense. “Se trata de una problemática que requiere compromiso y acción de la comunidad internacional”.
En tal sentido, se hacen eco del llamado de la CIDH en octubre de 2018 a los estados de la región y a la comunidad internacional a objeto de que se implemente una respuesta regional e internacional basada en la responsabilidad compartida y el respeto y garantía de los derechos humanos de estas personas, “a efectos de que el Estado costarricense cuente con los recursos necesarios para responder adecuada y efectivamente ante esta situación humanitaria de emergencia”.
Acogen la recomendación N° 7 de la CIDH de implementar una estrategia coordinada de alcance regional e internacional “basada en la responsabilidad compartida y en el abordaje desde un enfoque de derechos humanos para dar respuesta a la rápida y masiva situación de personas que se están viendo forzadas a migrar de Nicaragua, para lo que se requiere fortalecer la asistencia técnica y financiera al Estado costarricense. Asimismo, es necesario fortalecer a las comunidades que acogen a las personas migrantes y sus familiares”.
La comunidad internacional coordinadamente con las autoridades de Costa Rica y la comunidad nicaragüense de refugiados, pueden actuar en materia de asistencia humanitaria; asegurar atención adecuada a la población más vulnerable, en particular los niños y adolescentes, con énfasis en salud y educación; oportunidades de continuar los estudios y otorgar subvenciones a estudiantes de nivel técnico y profesional; instaurar un programa de apoyo a la generación de autoempleo o emprendimientos; generar competencias laborales mediante el adiestramiento en actividades de menor complejidad tales como zapatería, panadería, alimentos, etc.; apoyo a iniciativas público-privadas que contribuyan a colocaciones laborales; promoción de modalidades de asociación; campañas de información y comunicación vía tradicional y digital.
Asimismo, subrayan la “existencia de un mercado nostálgico compuesto por centenares de miles de residentes nicaragüenses [lo cual] ofrece la posibilidad de generar oportunidades de empleo sin afectar a la fuerza de trabajo costarricense. Instituciones multilaterales como el [Banco Interamericano de Desarrollo] BID podrían emprender un estudio para cuantificar y caracterizar las potencialidades de este mercado nostálgico, que podría dar lugar a inversiones, actividad económica y empleo”.
Recomiendan al gobierno de Costa Rica acortar los plazos y procedimientos para la atención a los solicitantes de refugio; flexibilizar los criterios para el otorgamiento de estatus de refugiado; considerar la adopción de la definición ampliada del estatus de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena; establecer alternativas migratorias.
En materia de derechos económicos, sociales y culturales el informe recomienda asegurar que las autoridades policiales en frontera preserven el principio de no devolución; considerar la pronta vigencia de una normativa que permita otorgar el permiso laboral en paralelo al reconocimiento del estatus de solicitante de refugio; considerar la pronta vigencia de modalidades de protección complementaria; garantizar el acceso a la educación, seguridad social y salud de los perseguidos políticos desde el momento en que presentan su solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado.
En materia laboral, el reporte llama a revisar y flexibilizar la lista taxativa de ocupaciones a las que se pueden dedicar los solicitantes de refugio; promover iniciativas público-privadas para la generación de oportunidades de empleo; promover iniciativas de emprendimiento y autoempleo; impulsar iniciativas de formación y capacitación profesional; promover una estrategia para aprovechar las potencialidades del mercado nostálgico.
Finalmente, el informe de Panóptico Nicaragüense recuerda que es necesario solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos humanos atender su disposición a continuar trabajando “en la elaboración de un informe sobre la situación de personas nicaragüenses que se han visto forzadas a huir de su país, Nicaragua, sobre la base de la información recibida en su visita de trabajo a Costa Rica, así como de sus mecanismos de monitoreo y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI)”.