La presión internacional liderada por Estados Unidos debe apuntar al aprovechamiento de las grietas que la política criminal de Daniel Ortega ha dejado al descubierto y lo han aislado debilitando su control.
El régimen de sanciones contra el régimen autocrático de Daniel Ortega en Nicaragua ha experimentado un relax y carece de método, por lo que “Ya es hora de ajustar la estrategia estadounidense”. Así lo estima el informe del Instituto Americano de la Empresa (AEI, por las siglas en inglés de American Enterprise Institute), suscrito por el investigador de dicha institución y profesor adjunto de relaciones internacionales en la Universidad Católica de América, Ryan C. Berg, al que hemos venido haciendo referencia en recientes entregas.
Refiere el informe que 2007 marcó un punto de inflexión en la larga historia de las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua con el regreso de Daniel Ortega a la presidencia de la república centroamericana caracterizada en principio por un supuesto relajamiento de su posición antiamericana y el acercamiento que desde Estados Unidos ofreció especialmente la administración de George W. Bush en materia de comercio y creación de empleos.
Pese a las denuncias de fraude electoral en 2011 y corrupción, Ortega de manera astuta supo cómo mantener a los políticos estadounidenses a su lado con acciones como la colaboración en las operaciones antinarcóticos en el hemisferio occidental y el asegurar la participación del ejército de Nicaragua junto a los Estados Unidos. “Nicaragua incluso participó en la Operación Orión, ejercicios navales de primavera de 2020 en el Caribe destinados aparentemente a contrarrestar el tráfico de narcóticos desde Venezuela”.
Tal actitud ha permitido que desde 2007, Nicaragua haya recibido USD 36.1 millones en asistencia militar y policial de los Estados Unidos. Desde esa misma fecha, el país centroamericano también recibió más de USD 250 millones en asistencia para el desarrollo. A esta ayuda se suma “la generosidad de Venezuela, que fue más allá de la ayuda tradicional, incluida la compra de exportaciones nicaragüenses a tasas superiores al mercado, Ortega, su séquito y COSEP se benefició enormemente”.
Pero en septiembre de 2016 se produjo una ruptura significativa en la posición de los Estados Unidos hacia Ortega por su deslizamiento a la autocracia.
Ante los acontecimientos y la brutal represión del gobierno de Ortega en 2018, Estados Unidos lanzó una campaña de sanciones con acciones contra tres altos funcionarios acusados de abusos contra los derechos humanos, incluido el aliado cercano de Ortega, Francisco López Centeno, el jefe de Albanisa. Otras acciones sancionatorias se implementaron a partir de entonces.
Pero el informe advierte que “A pesar de etiquetar a Nicaragua y su liderazgo como parte de la llamada ‘troika de tiranía’ que amenaza el hemisferio occidental, aparte del anuncio de sanciones ocasionales, la administración Trump ha ignorado en gran medida el papel de Ortega en la desestabilización de la región. Al anunciar la política de Estados Unidos hacia la troika, el exasesor de seguridad nacional John Bolton dijo: ‘El régimen nicaragüense, como Venezuela y Cuba, sentirá todo el peso del sólido régimen de sanciones de Estados Unidos’. Sin embargo, las paralizantes sanciones de Estados Unidos han apuntado a Venezuela y Cuba y han dejado a Nicaragua relativamente intacta. Además, las sanciones no han procedido de ninguna manera que uno pueda considerar metódico, con la debida consideración de la importancia de la focalización y la secuencia. Ya es hora de ajustar la estrategia estadounidense”.
El informe de Berg destaca la importancia que históricamente ha tenido la presión internacional en la historia política de Nicaragua, pues esta “no solo ayudó a los sandinistas a expulsar a la dinastía Somoza en 1979, sino que, quizás lo más importante, también llevó a Nicaragua a volver a la democracia en la década de 1990 con la elección de Violeta Chamorro. En la lucha de hoy, la presión internacional ha ayudado a inducir la liberación de prisioneros políticos”.
Advierte el informe que el régimen de Ortega ha aprovechado la formulación de promesas de diálogo nacional para consolidarse en el poder y exacerbar las divisiones dentro de la oposición.
Sentencia el reporte de Ryan Berg que “es poco probable negociar una salida para Ortega y Murillo dada la naturaleza arraigada del régimen, la propensión a entablar un diálogo de mala fe y un movimiento de oposición actualmente desorganizado y frágil”.
En tal sentido reitera que la elección general programada para el 7 de noviembre de 2021 se erige como la mejor oportunidad que tiene la oposición de Nicaragua para disputar la Asamblea Nacional y la presidencia. “En preparación para este momento, dos grupos principales de oposición se han unido para desafiar a Ortega”.
Y es que a juicio del especialista, el levantamiento y la posterior represión política han tenido un costo para el régimen de Daniel Ortega pues lo ha aislado casi por completo. “Afianzados como están, comienzan a surgir grietas en los pilares de control de la pareja gobernante”.
También, estima Berg, el vacío de liderazgo dejado por la respuesta criminal y peligrosa del régimen a la pandemia de COVID-19, se constituye como una oportunidad para que la oposición conforme un frente unido y así llamar la atención del pueblo nicaragüense. Es necesario establecer una relación de trabajo que pueda guiar el accionar de la oposición durante la temporada de elecciones.
Contundente, Ryan Berg cree que estas circunstancias también son la oportunidad para rediseñar la política de los Estados Unidos y dirigirla a llenar el vacío evidente del liderazgo.
“Los responsables de la formulación de políticas deben asumir que la crisis humanitaria derivada de COVID-19 es el problema más urgente a corto plazo, seguido de acciones a mediano y largo plazo destinadas a debilitar los pilares de control del régimen de Ortega”.