La inapropiada conducta de la fuente confidencial de la fiscalía, según la defensa de Michols Orsini Quintero en el caso del piloto de Tareck El Aissami
Por Maibort Petit
Según la abogada defensora de Orsini, Alejandro Javier Marín mantuvo trató con la esposa de su representado, mientras actuaba como fuente confidencial del gobierno.
El piloto venezolano Michols Orsini Quintero, a través de su abogada defensora, Sabrina Shroff, se sumó a los involucrados en el caso que acusan la conducta irregular de la fuente confidencial de la fiscalía, cuyo testimonio consume casi en su totalidad el gran volumen de pruebas presentadas tardíamente en su contra por el gobierno.
Orsini Quintero está acusado de formar parte de la conspiración para que las empresas registradas en Estados Unidos, a saber, American Charter Services LLC y SVMI Solutions LLC, llevaran a cabo transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y sus normas regulatorias, de modo de así evadir las sanciones impuestas por el departamento del Tesoro al ex vicepresidente y actual ministro de petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami y el socio de este, Samark López Bello.
El primero en denunciar la producción tardía del descubrimiento fue el coacusado, Víctor Mones Coro, señalado de negociar el transporte aéreo de pasajeros privados para Tareck Zaidan El Aissami Maddah. Ahora lo hace Michols Orsini Quintero, cuya representante legal refiere que el gobierno hizo 15 producciones de pruebas que totalizan casi 6 terabytes de información, las cuales fueron entregadas meses después de la interrupción del proceso de descubrimiento, aun cuando estas evidencias estuvieron a disposición de la fiscalía durante mucho tiempo.
La cuestionada fuente confidencial, el piloto Alejandro Marín, quien es propietario de la empresa Administración Aeronáutica My Jet Server LLC, fue acusado de mentir a agentes federales de Estados Unidos mientras actuaba como colaborador en las investigaciones. Entre otros señalamientos en contra, está el de haber sustraído USD 140.000 de un paquete de dinero en efectivo incautado a una organización criminal.
Marín se acogió a la defensa pública, pero ha habido observaciones al respecto, por lo que el juez ordenó determinar la realidad financiera del acusado. A su favor se dice que aún cuando es un empresario, la totalidad de los ingresos de la compañía están destinados al pago de un préstamo de USD 1,4 millones. Marín obtuvo un préstamos de USD 400.000 del programa de ayuda federal para paliar la crisis de la pandemia que él alega fueron usados para el pago de nómina de la empresa.
El descrédito de Alejandro Marín también fue acusado por Víctor Mones Coro.
La defensa de Michols Orsini Quintero sostiene que es imposible revisar la evidencia presentada por el gobierno, toda vez que el juicio contra su defendido tendrá lugar el 25 de enero de 2021.
El juez, incluso, recomendó a la fiscalía incluir a Orsini Quintero en la misma acusación contra Tareck El Aissami, Samark López, Joselit Ramírez, Víctor Mones Coro, Alejandro León Maal y Alejandro Quintavalle Yrady.
Víctor Mones Coro, Michols Orsini Quintero y Alejandro Miguel León Maal se declararon inocentes en agosto de 2019, pero luego, en noviembre del mismo año, Mones Quintero se declaró culpable a cambio de algunas reconsideraciones en su acusación.
El pasado 10 de noviembre, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se advirtió del riesgo de fuga que existe en torno Alejandro Marín, dado su acceso a aviones privados venezolanos y sus relaciones con el Tareck El Aissami y otros altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
Igualmente, Sabrina Shroff le aseguró al juez de la causa, Alvin K. Hellerstein, que Alejandro Marín, en su carácter de fuente confidencial de la fiscalía “se acercó repetidamente a la esposa del señor Orsini Quintero y la interrogó sobre el juicio de su esposo” y le requirió información acerca de si este se sentía satisfecho con la defensa que se le había designado por el tribunal.
“Aún más preocupante, parece que el Sr. Marín continuó empleando a la esposa del Sr. Orsini Quintero sin informar al gobierno ni a los agentes del caso de esta relación en curso. Y, por supuesto, el Sr. Marín no informó a los agentes del DHS que estaba comprometido en una conducta que, incluso, el gobierno categoriza como fraude migratorio durante el tiempo que estuvo cooperando y consiguiendo arrestar a otros”, le manifestó la abogada al juez en su comunicación.
Se apunta que cuando la defensa informó al gobierno de las continuas interacciones inapropiadas de Marín con la esposa de Orsini Quintero, la fiscalía procedió asumir sola las consultas, pero simplemente hizo que los mismos agentes que estaban a cargo de CS le preguntaran a este sobre su conducta que este negó. El gobierno no hizo más averiguaciones al respecto.
Otro asunto irregular acusado por la defensa de Orsini Quintero al magistrado, son las cantidades de beneficios financieros que el gobierno y las fuerzas del orden otorgaron a la fuente confidencial, consistentes en la entrega de grandes cantidades de dinero para mantener una empresa endeudada y que no se habría mantenido a flote sin la inyección financiera del gobierno.
Del mismo modo, la defensa le manifestó al juez Hellerstein que era preocupante la relación de cercanía que habían entablado la fuente confidencial y los agentes a cargo de la investigación. En este sentido, citó una conversación sostenida por chat entre Marín y los agentes del DHS, en la cual se observa una gran familiaridad al hacerle referencia a los problemas que confrontaba con su solicitud de “ciudadanía”, por lo que necesitaba de su ayuda.
“Buenos días, por favor, ¿puede preguntarle a George (agente del DHS) por qué es tan difícil ayudar a acelerar algo tan importante como mi ciudadanía? Hombre, nada de lo que prometió sucedió, lo mismo y la situación de mierda en grupo que tengo con el IRS si te digo cuántas veces te digo que no te preocupes, estoy pasando por una situación muy delicada en la que unas 20 personas dependen de mi empresa, lo siento TJ para decirte esto, pero de manera realista esto es una tontería, yo (por qué) no puedo HSI no puedo hablar con HSI para (…)”, le escribió Marín al agente.
Sobre la gran cantidad de evidencia tardía, la defensa apunta que se requerirían 185 revisores trabajando 2 mil horas cada uno durante un año para analizar todas las pruebas contenidas en los 6 terabytes de información entregada por la fiscalía, toda vez que se estima que un terabyte contenga 75 millones de páginas y suponiendo que un abogado o asistente legal pueda revisar 50 documentos por hora.
La defensa Orsini Quintero sostiene que las mismas pruebas de la fiscalía evidencian que su cliente no estuvo ligado a la conspiración y que era simplemente un empleado contratado por Alejandro Marín y, luego, por sugerencia de este último, para Víctor Mones Coro.