El investigador Ryan C. Berg evalúa la política de dominio impuesta por el régimen autocrático del país centroamericano.
Redacción ┊ Maibort Petit
La política represiva impuesta por el régimen de Daniel Ortega sobre el pueblo de Nicaragua, se complementa con una serie de controles que le permiten el dominio de la sociedad del país centroamericano. En dicho control confluyen una serie de factores e instituciones que le sirven de basamento para imponer su hegemonía. Así lo da a conocer el investigador en estudios de América Latina del Instituto Americano de la Empresa (AEI, por las siglas en inglés de American Enterprise Institute) y profesor adjunto de relaciones internacionales en la Universidad Católica de América, Ryan C. Berg, en su informe “Restaurando la democracia en Nicaragua: intensificando los esfuerzos contra el régimen de Ortega-Murillo”, del que ya hemos referencia en entrega anterior.
En la actualidad, la capacidad de resistencia y organizada de la sociedad nicaragüense, asegura el catedrático, se encuentra detenida debido a la represión, por un lado, como a la pandemia del Covid-19.
La situación reinante ha alcanzado tales niveles de violencia que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha descrito a Nicaragua como un “clima de terror generalizado”, pues la fuerza letal infunde terror en la población, mientras el régimen de Ortega se involucra en una política de “disparar a matar”.
Advierte el investigador, que este dominio implacable de Ortega sobre la sociedad nicaragüense ha sido posible por décadas, gracias a las alianzas políticas que ha establecido, dirigidas a debilitar a sus oponentes, dándole esto la oportunidad de instaurar un régimen hegemónico.
Con suma astucia, Ortega ha impuesto —de acuerdo a palabras de la Comisión de la OEA en Nicaragua— “un patrón de control ejecutivo de gran alcance de las instituciones estatales”, de tal manera que poca parte de la institucionalidad nicaragüense ha logrado evitar verse comprometida.
“En el estado, la mayoría de las instituciones nicaragüenses han tenido que reconciliarse de alguna manera con Ortega, o lo han hecho voluntariamente y se han convertido en pilares centrales de control de su régimen. Los cuerpos legislativos y judiciales, la policía y el ejército, la Iglesia Católica, el sector privado, los medios de comunicación e incluso los partidos políticos de oposición son cómplices, en diversos grados, en el continuo control del poder político por parte de Ortega”, asegura el informe.
Ryan Berg sostiene que el control del poder de Daniel Ortega se sustenta en una combinación de factores e instituciones: “política clientelista, fuerte gasto social para su base de apoyo, préstamos generosos de instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una antigua alianza con el poderoso sector empresarial del país (COSEP) y, al igual que el apoyo anterior que recibió de la Unión Soviética en la década de 1980, prodiga el financiamiento de líderes ideológicos de ideas afines, como Hugo Chávez de Venezuela y su sucesor, Nicolás Maduro”.
Control político
Aunque entregó el poder en 1990, Daniel Ortega antes de ello llevó a cabo una serie de maniobras que le permitieron seguir actuando tras bastidores y, a la sombra, logró acumular músculo económico y militar, asegurándose suficiente fuerza y financiamiento en su papel de opositor.
Durante 16 años fuera de la presidencia, Ortega corrompió a tres administraciones diferentes, evitando que la democracia se implantara por completo en todas las instituciones. Se infiltró en e manera de penetrar áreas clave del gobierno y continuar dictando los términos de hacer negocios en Nicaragua. Estaba, como bien lo dijo él mismo, “gobernando desde abajo” al promover disturbios estudiantiles y sindicatos sandinistas para intimidar al gobierno, al sector privado y a sus enemigos políticos.
Advierte el informe de Berg que, a pesar de esto, “Ortega nunca atrajo apoyo más allá de su base sandinista”, obteniendo la victoria en 2006, con solo el 38 por ciento de los votos, como resultado de un sombrío acuerdo conocido como “El Pacto”, aprobado por la Asamblea Nacional en 2000. Estos acuerdos permitieron llevar de 45 a 35 por ciento el umbral para alcanzar la presidencia de la república en la primera vuelta de las elecciones, siempre que el margen de victoria fuera al menos del 5 por ciento. Desde 1990 cuando había perdido la primera magistratura, Ortega no había podido superar del 35 por ciento su base de apoyo.
Al triunfo de Ortega en enero de 2007, se sumó el del FSLN en la Asamblea Nacional, lo cual le dio carta blanca para instaurar una serie de cambios, entre ellos una nueva constitución. El nuevo texto fundamental de Nicaragua le abrió la puerta a la reelección presidencial consecutiva.
Solamente en enero de 2014, se contabilizaron 97 enmiendas constitucionales con amplias consecuencias para las finanzas públicas, la responsabilidad de Ortega y la organización de elecciones, refiere el informe.
Ryan Berg refiere que el fraude electoral también le aseguró un aumento de fidelidades en el seno de la Asamblea Nacional, dada la mayoría obtenida por el FSLN. Una misión de observación electoral de la Unión Europea declaró que las elecciones de 2011 fueron “opacas y arbitrarias”. Por su parte, Ortega ganó el 72,5 por ciento de los votos.
El dominio de Ortega sobre el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua también es evidente, donde se toman decisiones a la medida del oficialismo de Ortega. También se prohíbe la observación electoral nacional e internacional y, de manera descarada, se eliminó o restringió la participación del partido de oposición.
En las elecciones generales de 2016, “el Consejo Supremo Electoral obligó a 16 legisladores opositores a abandonar sus escaños en la Asamblea Nacional, negó a observadores electorales independientes, despojó al principal candidato opositor Eduardo Montealegre de su partido político y permitió que Murillo se postule para vicepresidente, consolidando una familia dinastía similar a la de la dictadura de Somoza”.
Sólo la presión internacional, ha permitido que Ortega admita hacer “importantes reformas electorales” al tiempo que excluye a la oposición de cualquier negociación.
Control Judicial
Sostiene el informe de Bryan Berg que Daniel Ortega ha llenado al poder judicial con sus acólitos, lo cual es crucial para su perpetuación en la presidencia de la república.
Una Comisión de la OEA sobre Nicaragua cuestionó la imparcialidad y la independencia de las instituciones judiciales de Nicaragua lo que convierte a este país en un “estado cooptado que es incompatible con el estado de derecho”.
Este control judicial, en conjunto con el control ejercido sobre el poder legislativo, permitió a Ortega su reelección indefinida y otorgándole el poder gobernar por decreto. También permitió a Rosario Murillo postularse para la vicepresidencia pese a la prohibición constitucional de que familiares de un presidente en funciones que se postulen para cualquier cargo.
Asimismo, durante las protestas de 2018, el poder judicial cubrió a Daniel Ortega mientras encarcelaba descaradamente a manifestantes y miembros de la oposición y los procesaba por cargos falsos. Un informe reveló que los fiscales fueron intimidados y obligados a firmar cargos por casos que no tenían permiso para leer o revisar.
Control policial y paramilitar
El reporte también cuenta a la Policía Nacional entre las instituciones bajo dominio de Daniel Ortega y asegura que este cuerpo de seguridad ha sido fundamental para su continuación en el cargo, pues con ella se asegura el control interno, reprime a los grupos de oposición, detiene ilegalmente a los ciudadanos ilegalmente e intimida a los políticos de la oposición.
En junio de 2014 la legislatura aprobó una ley que depositó la responsabilidad de la Policía Nacional al Ministerio de Gobierno y confirió el control directamente al presidente como “comandante supremo”.
Subraya el informe de Berg que existen pruebas sólidas de que la Policía Nacional “ayudó a los paramilitares merodeadores que reprimieron brutalmente a la oposición nicaragüense en las protestas de abril de 2018. Cuando el GIEI, un grupo de trabajo de la OEA, observó graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua que alcanzaron el nivel de ‘crímenes contra la humanidad’, se refirieron específicamente a los paramilitares que operaban ‘en forma paralela y coordinada con la Policía Nacional’”.
Investigaciones periodísticas han determinado que el armamento utilizado por los paramilitares era de origen militar, lo que llevó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a justificar eventualmente las sanciones designación para la Policía Nacional.
Y agrega el informe de Berg: “El ex comisionado de policía Francisco Díaz admitió que los oficiales de policía, a instancias del propio presidente Ortega, construyeron una unidad paramilitar formal dentro de las fuerzas regulares cuyo comando central fue dirigido por el liderazgo del FSLN. Estas unidades fueron acusadas no solo de intimidar a los manifestantes sino también de infiltrarse en la oposición y pasar información personal del liderazgo a la dirección nacional de inteligencia”.
Control del Ejército nicaragüense
La despolitización del ejercito implementada por Violeta Chamorro en la década de los 90 ha sido revocada por Ortega, quien desde su regreso en 2007 ha reimplantado la ideología sandinista en la fuerza militar.
También Ortega “ha cooptado a altos oficiales con recompensas materiales y ha ampliado el papel y los recursos de los militares”.
El jefe del ejército, general Julio César Avilés Castillo, quien ha permanecido en el cargo por más de una década, detuvo los esfuerzos para desmantelar los grupos paramilitares asociados con el ejército y ha negado reiteradamente la existencia de fuerzas paramilitares en Nicaragua.
Control del sector económico
De acuerdo al informe, el control que ejercen Daniel Ortega y Rosario Murillo se extiende también al sector económico, a través del COSEP, el grupo empresarial más grande y poderoso de Nicaragua.
Con este gremio Ortega hizo las paces a su regreso al poder en 2007 y el empresariado pasó por alto el fraude electoral, la represión y la corrupción, mientras el mandatario “Promocionó una filosofía política moderada y una nueva “flexibilidad” en sus posiciones marxistas. Ortega ya no hizo alarde de involucrarse en diatribas anti-estadounidenses y profesó un apoyo al comercio, la empresa privada y los principios fundamentales del capitalismo, como los derechos de propiedad privada. En lugar de fulminar contra las élites empresariales de Nicaragua, el retorno y la consolidación del poder de Ortega se basó en cortejar activamente el apoyo de las élites empresariales y, en muchos casos, en cooptarlos”.
El COSEP revisas las leyes antes de ser aprobadas por la Asamblea Nacional para garantizar un clima comercial favorable para las élites del país.
Sin embargo, estas relaciones dieron un vuelco después, especialmente desde la llegada de Rosario Murillo a la vicepresidencia, pues esta ha impuesto nuevas reglas y controla absolutamente todos los procesos. “La alianza recibió su golpe fulminante cuando Ortega propuso reformas a la seguridad social sin consultar primero al COSEP, que ahora afirma respaldar a la oposición de Nicaragua”.
Alianzas ideológicas y mecenazgo venezolano
El informe de Ryan Berg sentencia que el régimen de Ortega recibió, entre 2008 y 2016, cientos de millones de dólares de Venezuela, constituyéndose como uno de los asociados más confiables del país suramericano en América Central. Se cxalcula que la ayuda venezolana, en ocasiones, llegó a cerca del 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual de Nicaragua.
“Entre 2008 y 2014, Venezuela transfirió entre $ 4 mil millones y $ 6 mil millones a Nicaragua, utilizando “pagos diferidos” en petróleo de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) para mover dinero a Albanisa, una subsidiaria propiedad de PDVSA bajo el control del FSLN. La generosidad de Venezuela es un pilar del régimen dictatorial de Ortega y reforzó su cleptocracia familiar, aunque el apoyo de Venezuela se está agotando debido al caos causado por su propio desmoronamiento político y económico”.
“Desafortunadamente, para los líderes empresariales y Ortega, cuando Venezuela comenzó a desmoronarse en 2015, su apoyo financiero pronto se agotó”.
Control de medios
Finalmente, el informe hace referencia al control que el régimen de Ortega ejerce sobre sobre los medios de comunicación.
Este control favoreció el silencio de la prensa frente a las irregularidades cometidas por Daniel Ortega y las instituciones bajo su egida.
Freedom House ha señalado que el régimen de Ortega “participa en esfuerzos sistemáticos para obstruir y desacreditar a los críticos de los medios”.
“Desde abril de 2018, el espacio para el periodismo crítico casi ha desaparecido. La pareja gobernante ha armado el término “noticias falsas” en su intento de silenciar a los medios impresos, completando su tan buscado dominio sobre los medios. La constitución de Nicaragua ahora limita las críticas a las figuras políticas a lo que es “constructivo” solamente”.
Finaliza el informe alertando que Ortega, Murillo y el partido sandinista se han adaptado durante cuatro décadas de cambio en Nicaragua y han centralizado la autoridad alrededor de sí mismos y su partido político. “La pareja gobernante ha cultivado lazos verticales entre el pueblo nicaragüense y los líderes sandinistas y se presenta a sí mismos como padres benéficos de una nación, con sus caras sonrientes radiantes en las vallas publicitarias de todo el país. Mientras tanto, Ortega y Murillo consolidan el control político y acumulan riqueza y activos estratégicos en tierras, medios y energía”.