Por Maibort Petit
Se radicalizó la revolución. Los pocos días que quedan del año 2010 son un TIEMPO vital para que Hugo Chávez logre su objetivo de aprobar leyes que le permitan gobernar por decreto y completar su hegemonía comunicacional. Los nuevos instrumentos jurídicos intentan evitar que la oposición y la sociedad venezolana que no apoyan su régimen, cuenten con medios de comunicación social para criticar y denunciar los abusos del gobierno.
Con este paquete de leyes cubanas Chávez se protege del miedo que siente de no saberse mayoría. Imponer la censura y la autocensura es la táctica del comandante para hacer lo que le venga en gana, sin que los ciudadanos se enteren. La Asamblea Nacional saliente, siguiendo las órdenes del jefe no solamente escoge a los miembros del poder Judicial dentro del seno partidista, sino que empuja la aprobación de una Leyes que no tienen consenso. Con la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que empuja ciegamente los arrodillados parlamentarios, Chávez busca controlar el libre flujo de información y de opiniones en el país, y manejar desde su despacho, los servicios de internet y de televisión por cable.
Poco le ha importado a Chávez que la mayoría del pueblo venezolano haya rechazado la imposición de un modelo de corte comunista-socialista. Todos los movimientos que se hacen desde Miraflores buscan monopolizar los poderes y manejar el país a su libre albedrio. Con la intención de controlar todos los mecanismos de expresión y de difusión de información, Chávez pretende censurar a todos aquellos ciudadanos que están en su contra y que han visto disminuir los medios que les permiten expresarse e informarse.
La reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones es claramente un mecanismo de censura que el gobierno quiere implementar para evitar que la Venezuela libre se exprese. Su intención es que el país exista una sola versión de los hechos, con un periodismo unicolor, arrodillado, que solo entreviste a los oficialistas y deje de lado al grueso de la sociedad que no acepta el autoritarismo como forma de gobierno.
Con la nueva Ley Resorte los ciudadanos perderían la posibilidad de escoger que leer, ver o escuchar, y se convierten en un objeto pasivo del monopolio mediático oficialista. Esta nueva trampa legislativa busca la total monopolización del espacio radioeléctrico, y lo que es peor, acabaría con la libertad que existe en internet y que hasta hoy no había sido tocada. El peor de los abusos es querer limitar a los venezolanos en el uso de las redes sociales, donde quedaría prohibido hacer todo tipo de comentario o denunciar contra Chávez y sus corruptos funcionarios.
Es despreciable como el chavismo copia las leyes cubanas y las quiere aplicar en Venezuela. La idea de eliminar la diversidad en los puntos de acceso a internet y mantener un férreo control de los servicios de internet, no solamente es ilegal e inconstitucional, sino que nos acerca como país a sociedades absolutamente comunistas y retrogradas como la china o la castrista.
Esta nueva intención del gobierno de coarta la libertad de expresión, de imponer la censura desde el poder, de manera directa y de acabar con el canal independiente Globovisión , es un abuso que tanto la sociedad venezolana decente y como la comunidad internacional quien estará obligada a juzgar a Hugo Chávez como un violador de las reglas democráticas.
La Ley Resorte controlará los contenidos de los medios e impondrá sanciones para todos los medios que busquen informar y que no acepten la línea editorial de la revolución. Con estos pasos, y las expropiaciones a la propiedad privada, el país quedará a la merced de Hugo Chávez. Muchos habíamos advertido que esto vendría pronto, y que el régimen iba a tomar decisiones radicales antes del 5 de enero cuando desaparece la actual asamblea y le da paso a una más plural, que sin duda abortara proyectos de ley de este tipo.
La intolerancia de los dos proyectos sociales es inaceptable y no podemos dejar que se materialice. Chávez tiene miedo de dejar ventanas abiertas para que la mayoría que no acepta su régimen se pueda expresar y dar a conocer públicamente sobre los robos, las irregularidades que se han cometido en la administración pública y que pueden ser ventiladas por los diputados opositores que llegaran buscando información y explicación de la más gigantes malversación de fondos públicos que haya conocido la historia contemporánea de Venezuela. Es tiempo de manifestarnos unidos y de darle parar los abusos, para mañana será tarde.