Por Maibort Petit
@maibortpetit
El defensor de Joaquín el Chapo Guzmán, Eduardo Balarezo rechazó la solicitud de amonestación hecha por la fiscalía al juez Brian Cogan por una serie de tweets que el abogado publicó en su cuenta y que, según el gobierno, podría generar temor en el jurado y testigos.
Los fiscales argumentan que Balarezo habría violado la Regla Penal Local 23.1 ya que los contenidos de los tweets podrían interferir en el desarrollo de un juicio justo.
Balarezo dijo al respecto que la moción del gobierno es un intento sin fundamento para emitir aspersiones sobre la defensa y que la misma debe ser denegada por el tribunal por carecer de méritos.
La Regla Penal Local 23.1 establece que “durante un juicio por jurado de cualquier asunto penal, incluido el período de selección del jurado, ningún abogado o bufete de abogados asociado con la acusación o la defensa dará o autorizará ninguna declaración o entrevista extrajudicial relacionada con el juicio o las partes o asuntos. en el juicio que una persona razonable esperaría ser difundida por medio de comunicación pública si existe una probabilidad sustancial de que dicha difusión interfiera con un juicio justo; excepto que el abogado o la firma de abogados pueden citar o remitir sin comentarios a los registros públicos del Tribunal en el caso”.
La moción del gobierno se basa en varios tweets publicados en la cuenta de Twitter de Balarezo en los cuales el abogado se refiere a varios tópicos entre los que destacan unos enlazados a la cuenta del presidente de México, Enrique Peña Nieto sobre la muerte de Héctor Beltrán Leyva, antiguo cliente del abogado.
En la respuesta a la moción del gobierno, Balarezo sostiene que Beltrán Leyva nunca fue considerado un testigo en el caso y que el tweet no hace comentarios sobre el juicio ni sobre ningún testimonio relacionado con Beltrán Leyva.
Antes de este tweet, el abogado tuiteó:
Esta publicación retwitteó un artículo titulado: “El cártel de la droga de El Chapo pagó 6 millones de dólares en sobornos al actual presidente de México, Peña Nieto”. Le preguntó a Peña Nieto la pregunta simple de si Peña Nieto lamentaba haber extraditado al Sr. Guzmán. El tweet no hizo comentarios sobre el juicio o el testimonio del juicio. El tweet sobre Beltrán Leyva fue un seguimiento de este tweet.
El gobierno alega que en este tweet “Balarezo pareció lamentar el hecho de que Rey Zambada, quien es testigo en el juicio, declaró que su hermano el Mayo pagó sobornos a García Luna”. Al respecto, Balarezo dice que “el gobierno tergiversa el tweet. El abogado no está “lamentando” nada, simplemente retwitteó”.
Otros tweets de Balarezo que llamaron la atención de la fiscalía esta relacionado con las mismas declaraciones del Rey Zambada sobre los sobornos del funcionario de Seguridad Pública durante el gobierno del expresidente Felipe Calderon.
El gobierno afirma que este tweet “entonces imploró a sus seguidores que recordaran que Chapo no hizo esas declaraciones y que así es como testificaron los testigos del gobierno de los Estados Unidos”.
Dice Ballarezo que el gobierno tergiversó el tweet. “Primero, el tweet también está dirigido a “@EPN”, el presidente mexicano y se hizo para garantizar que quedara claro que el Sr. Guzmán mismo no alegó que sobornó al presidente y que la denuncia fue hecha por un testigo del gobierno”. El tweet no comentó ni ofreció ninguna opinión sobre el testimonio del juicio, acota el defensor.
El gobierno sugiere que “el comentario de Balarezo de que el gobierno que obtuvo el testimonio sobre el pago de sobornos a funcionarios mexicanos fue de alguna manera impropio parece infringir presuntamente la Regla Local 23.1 al comentar sobre la presentación de evidencia”.
Otro aspecto que establece la Regla 23.1 (d) es que “los comentarios sobre los siguientes temas presumiblemente implican una probabilidad sustancial de que su difusión pública interferirá con un juicio justo o perjudicará la debida administración de justicia …” Las declaraciones prohibidas Incluyen, entre otros: 1) antecedentes penales o el carácter o la reputación del acusado; 2) la existencia o contenidos de cualquier confesión; 3) realización de cualquier examen o prueba; 4) la identidad, el testimonio o la credibilidad de un posible testigo; 5) la posibilidad de una declaración de culpabilidad; 6) información que se sabe es probable que sea inadmisible en el juicio; 7) cualquier opinión sobre la culpabilidad o inocencia del acusado o sobre los méritos del caso o la evidencia en el caso.
Balarezo sostiene que más allá de hacer acusaciones concluyentes, el gobierno no puede explicar cómo el tweet entra en conflicto con la regla.
La canción preferida del Chapo Guzmán
Durante el testimonio del testigo cooperante, Miguel Ángel Martínez Martínez aleas el Gordo o “Tololoche”, este dijo que Joaquín Guzmán había dado la orden de matarlo, y que le había hecho cuatro atentados. El último, ocurrido en una cárcel de máxima seguridad en México donde el exnarcotraficante estaba preso, el día antes que en un sujeto explotara dos granadas en su celda, una banda musical en vivo cantó más de 20 veces la canción de Ramón Ayala‘Un puño de Tierra’, que era una de las preferidas del Chapo.
En la moción, el gobierno afirma que el tweet de Balarezo sobre ese tema puede interpretarse no solo como un comentario sobre la evidencia presentada en el juicio ese día, sino también como una amenaza para atestiguar la seguridad de Martínez. El abogado de Guzmán dijo que ”El alcance del gobierno en este caso es patético. El tweet era un enlace a una canción mencionada en el juicio que muchas personas nunca habían escuchado”.
El gobierno concluye que “los comentarios de Balarezo parecen estar diseñados para depositar el temor en el jurado y ambos expresan sus opiniones y causan temor en los testigos del gobierno”.
Balarezo sostiene que Miguel Ángel Martínez Martínez no es un seguidor de la cuenta Twitter de @BalarezoLaw y su nombre no fue mencionado en el tweet. “A menos que el gobierno le informara a Martínez Martínez del tweet, no hay razón para que él lo sepa. En cuanto a poner al jurado en temor, esta es otra afirmación sin fundamento del gobierno”, acota.
El defensor de Guzmán recuerda que el juez ha advertido repetidamente al jurado de evitar el uso de las redes sociales o Internet en relación con este caso.
Más adelante agrega que si al gobierno realmente le preocupa que el jurado o cooperador Martínez Martínez se sientan asustados por un tweet, el gobierno debería haber presentado su moción bajo sello en lugar de archivarlo públicamente y asegurar la cobertura de los medios y la difusión generalizada.
Dice que la afirmación del gobierno no es más que una táctica de difamación diseñada para silenciar a la defensa e infringir los derechos de la Primera Enmienda de los abogados.
Concluye señalando que el gobierno ahora ha presentado varias mociones que hacen afirmaciones extremadamente serias y sin fundamento de que el abogado ha amenazado a los testigos, al jurado y ha facilitado la actividad criminal. “Aparentemente, los recursos ilimitados del gobierno le permiten el lujo de perder el tiempo en presentar mociones frívolas. Tal vez sería mejor gastar el tiempo del gobierno reduciendo su caso y racionalizando su presentación para que los recursos judiciales no se despilfarren durante los próximos meses.