Efraín Antonio Campos Flores (29) y Franki Francisco Flores de Freitas (30) deberán enfrentar, el próximo 17 de diciembre, la audiencia preliminar en la que se determinará si van o no a juicio por la presunta comisión de los delitos de “asociación para delinquir y conspirar en complicidad para violar la ley de narcóticos”.
Tras ser diferido en dos oportunidades por petición de la defensa de los imputados, en este encuentro Campos Flores y Flores Freitas tienen tres opciones: declararse culpables, tras lo cual el juez procedería a dictar una sentencia; asegurar que son inocentes, lo que implicaría el inicio de un juicio en el cual permanecerán detenidos, si el tribunal les niega el beneficio de la fianza.
Sin embargo, para el abogado Alexander J. Alfano, consultado en torno al procedimiento jurídico estadounidense, lo más probable es que los acusados se declaren no culpables y traten de demostrar su inocencia.
Escenarios para la audiencia del 17 de diciembre de 2015: culpables o inocentes
De declararse inocentes, los primos Flores deberán ir a juicio, para lo cual se nombrará un jurado. En ese caso, el fiscal Bharara –en representación del gobierno estadounidense– presentará las supuestas evidencias que poseen para demostrar la culpabilidad de los imputados. En ese caso, la corte fijará la fecha de la nueva audiencia para darle inicio al juicio propiamente dicho. Los acusados permanecerán en su sitio de reclusión hasta que el proceso concluya y se produzca la sentencia definitiva.
Por la naturaleza de la acusación, los acusados no tendrían en ese caso derecho a fianza. Los costos del juicio son muy variados y onerosos y se conocen sólo al final del proceso.
Si por el contrario, los Flores se declaran culpables, no habrá juicio y el juez procederá entonces directamente a dictar la sentencia. La corte deberá garantizar que el debido proceso se haya cumplido en todos los pasos, es decir, que ninguno de los derechos de los imputados hayan sido violado.
Cuando un acusado se declara culpable, se abre un proceso de negociación de los cargos. En muchos casos, los fiscales federales formulan al comienzo acusaciones con máxima pena, para luego ofrecerle al imputado penas de prisión más cortas, en dependencia del grado de cooperación que este muestre para efectos de la investigación en curso.
Una vez que la corte ha hecho estas determinaciones, entonces fija una fecha para la sentencia. Antes de esa fecha, por lo general, hay una investigación para determinar si existen circunstancias atenuantes o agravantes. Si es así, la corte lo tendrá en cuenta en la condena del acusado.
De resultar culpables, los Flores estarían obligados a pagar multas, así como a cubrir los costes judiciales, honorarios de abogados y restitución que significa reembolsar a las víctimas de crimen), entre otros cargos.
El proceso legal en los Estados Unidos
El experto en Derecho estadounidense Alexander J. Alfano explica que los casos criminales se ventilan en tribunales estatales o federales, dependiendo de la naturaleza de los cargos, de la agencia policial que inicialmente ejecutó la investigación y de los arrestos que resultaron de dicha investigación.
Los casos criminales en los tribunales federales se inician o por una demanda criminal (criminal complaint), o a través de un “Grand Jury Proceeding” o gran jurado que estudia en secreto el caso y la evidencia presentada por los fiscales.
Alfano precisa que “solamente el fiscal tiene acceso al expediente y a presentar evidencias y testigos al gran jurado”, el cual determina si existe causa probable, es decir, evidencias de que un crimen se haya cometido.
La quinta enmienda a la Constitución estadounidense garantiza que todo acusado debe pasar por un gran jurado antes de tener que presentarse al tribunal.
Si el jurado determina que existe causa probable, se produce un “criminal indictment” que sirve como documento acusatorio e inicia el proceso jurídico contra los imputados, señala el experto.
La función del gran jurado es investigar toda evidencia y testimonio y determinar si existe “causa probable”.
Un aspecto importante que resalta Alfano, es que todo testimonio que se presente frente al gran jurado se hace bajo juramento, y todo testimonio es grabado electrónicamente y puede ser usado en contra de los acusados en el juicio penal. Ningún testigo tiene derecho a representación legal frente a esa instancia, acotó el especialista.
En ciertos casos, los únicos testigos son los mismos agentes federales que llevaron a cabo la investigación sobre cual está basada la acusación. Solamente en el caso de que esos testigos testifiquen también en el juicio posterior, tendrán los acusados derecho a saber que lo hicieron previamente frente al gran jurado.
Debido a que estos jurados operan en secreto y bajo la dirección del fiscal, muchas de las normas de evidencia y debido proceso no se aplican en esta instancia. El proceso de investigación frente al gran jurado es más flexible y no está limitado por la Constitución, como sí lo están otras situaciones de investigación policial. Los testigos no tienen derecho a abogado y, evidencias que normalmente no son permitidas en el juicio, son admitidas frente al gran jurado.
De acuerdo a las estadísticas que maneja la Fiscalía de Nueva York, de 162.000 casos presentados por los fiscales de distrito ante los grandes jurados federales, sólo 11 no dieron lugar a una acusación formal.
¿Cuántas veces puede posponerse la audiencia ?
Las reglas de procedimiento de los tribunales federales permiten que el acusado solicite posponer una audiencia siempre y cuando haya causa que justifique la prórroga y, en casos criminales, para asegurar que el acusado pueda tener el beneficio de la duda en cuanto al debido proceso, según lo contempla la Constitución.
Nolo contendere
En este tipo de casos hay un tercer tipo de declaración aceptada por la corte. Se llama Nolo contendere, o declaración de “no contest”. Significa: “Declaro no refutar los cargos presentados en mí contra. No voy a tratar de demostrar mi inocencia o refutar mi posible culpabilidad.” Con esto, el procesado no hace admisión de culpabilidad, pero, a efectos prácticos, el tribunal queda en libertad para considerarlo culpable y dictar sentencia. En otras palabras, esta declaratoria se traduce en una condena.
Defensa pública vs defensa privada
Es obligación de todo juez preguntar a los acusados si desean ser representado por un abogado público. Franki Francisco Flores de Freitas respondió afirmativamente a esa pregunta. Para beneficiarse de un abogado del gobierno, los acusados deben ser financieramente incapaces de contratar un abogado privado. En la ciudad de Nueva York la defensa privada es costosa.
El juez Paul A. Crotty designó con carácter provisional un defensor público para Flores de Freitas, quien se vio obligado a llenar el formulario de rigor ante el secretario de finanzas del Tribunal de Circuito de Nueva York, por el cual se paga una tasa de $ 100. La corte designó a Vincent Southerland y Jonathan Morvinny, del grupo Federal Defendant of New York Inc, para asistir al acusado durante el proceso.
Los servicios de la Defensoría Pública en EEUU no son gratuitos. Si Flores de Freitas es condenado, la corte incluirá el pago de los honorarios de los abogados públicos como parte de la condición de su sentencia.
Por su parte, Efraín Antonio Campos Flores fue representado desde el inicio del proceso por un grupo de abogados del escritorio jurídico Patton Boggs, encabezado por el experimentado John Reilly. Squire Patton Boggs es considerado uno de los bufetes más caros de los Estados Unidos y del mundo, y en su lista de mejores clientes se encuentra la corporación Citgo, perteneciente al Estado venezolano.
En relación al pago de la defensa privada, el abogado Luis Alejandro Aguilar solicitó se cumpla lo establecido en la Ley Antinarcóticos sobre el origen del dinero. Los acusados en casos de narcotráfico, pagan a los abogados para su defensa por concepto de honorarios profesionales. La ley establece que la corte solicite -durante el proceso- que se rebele la procedencia de los fondos desembolsados a los abogados de la defensa.
Luis Alejandro Aguilar argumenta que los familiares de los acusados y -ellos en particular- ocupan posiciones públicas en Venezuela con salarios cancelados en bolívares. Alega que en Venezuela impera un rígido control cambiario y la compra de divisas está regulada por el gobierno y que las categorías para obtener dólares no se incluye ninguna estipulación por concepto de pago de abogados para defensa de delitos de narcotráfico en los Estados Unidos y/o extranjero.
El 16 de noviembre los abogados privados de Campos Flores renunciaron a la defensa y encomendaron al juez de la causa para que le nombrará un abogado público. de haber seguido con la defensa, escritorio jurídico Squire Patton Boggs y Campos Flores debían presentar pruebas de la legitimidad del dinero con el que el acusado de narcotraficante pagaba las costosas facturas de sus defensores.
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