Por Maibort Petit
@maibortpetit
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El gobierno de los Estados Unidos acusó formalmente a dos militares chavistas de alto rango, Néstor Luis Reverol Torres(51) y Edilberto José Molina Molina(53) de utilizar sus posiciones en el gobierno para facilitar las actividades de los cárteles de la droga en Venezuela. La investigación fue revelada este lunes por el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York con sede en Brooklyn.
El ex Director General de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol y el sub-director, Edilberto Molina Molina habrían recibido jugosos pagos por parte de narcotraficantes para operar sin limitaciones en territorio venezolano, y gozar del amparo del poder militar.
El documento acusa a Néstor Luis Reverol Torres, ex director general de la ONA y ex comandante de la Guardia Nacional de Venezuela, y a Edilberto José Molina Molina actual agregado militar de Venezuela en Alemania, de participar en una conspiración para la distribución internacional de cocaína.
La acusación formal fue emitida bajo sello por el gran jurado federal en Brooklyn, Nueva York, el 21 de enero de 2015, y se refiere a las supuestas actividades de Reverol y Molina entre enero de 2008 a diciembre de 2010, cuando servían como altos funcionarios de la ONA, agencia del gobierno de Venezuela encargada de la lucha contra el tráfico de narcóticos.
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Robert L. Carpers informó los detalles de la investigación, en conjunto con James J. Hunt, agente especial de la DEA a cargo del caso y Angel Meléndez, agente Especial de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York.
Los militares de alto rango tomaron medidas para impedir u obstaculizar las investigaciones en curso sobre el tráfico de narcóticos, de tal manera de permitir que los vehículos cargados con cocaína salieran de Venezuela sin inconvenientes. Igualmente, dispusieron de los medios para liberar a los detenidos por violación de la ley antinarcóticos.
Los militares venezolanos acusados por el gobierno norteamericano también impidieron la detención o deportación de criminales en los países extranjeros, tales como los Estados Unidos, para su enjuiciamiento por cargos relacionados con las drogas.
Esta es la segunda acusación presentada en el Distrito Este de Nueva York en contra de los funcionarios de alto nivel en Venezuela, ya que supuestamente ayudaron a los narcotraficantes en la importación de cocaína a los Estados Unidos.
El 20 de marzo de 2013, una tercera acusación formal fue revelada contra Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, también conocido como “Mauro” y “Ángel”, un capitán de la Guardia Nacional venezolana, y Rafael Antonio Villasana Fernández, otro oficial de Guardia Nacional que participó en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y 1 de diciembre de 2009.
De acuerdo con el expediente judicial, Kotosky y Villasana presuntamente utilizaron vehículos oficiales del gobierno de Hugo Chávez para el transporte de más de siete toneladas métricas de cocaína desde la frontera con Colombia a los distintos aeropuertos y puertos marítimos de Venezuela para la importación definitiva en los Estados Unidos.
El fiscal de los EEUU Robert L. Capers, dijo este lunes que “la acusación refleja los esfuerzos de los Estados Unidos para combatir el tráfico internacional de drogas, y la capacidad de los carteles de la droga para infiltrar y corromper los más altos niveles del gobierno en la aplicación de la ley”.
“Nada puede ser más perjudicial para los esfuerzos de aplicación de la ley para detener el flujo de drogas ilegales que cuando los funcionarios públicos corruptos violan la confianza del público, ayudando activamente a los traficantes de drogas en sus actividades criminales mortales.”
Capers agradeció a los agentes de la DEA en Nueva York, el Grupo de Trabajo de Control de drogas y el Departamento de Seguridad Nacional, a la oficina de investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York, el Grupo de Trabajo Dorado que fueron los organismos encargados de dirigir la investigación.
Asimismo, agradeció la ayuda inestimable proporcionada por la Oficina de la DEA en Bogotá, la Oficina de la DEA en Miami, y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida.
El agente de la DEA a cargo de la investigación declaró que “Tal como se alega, Néstor Luis Reverol Torres y Edilberto José Molina Molina utilizaron sus posiciones de poder para permitir a las organizaciones de tráfico de drogas actuar libremente, a la vez que dificultaron los esfuerzos de aplicación de la ley”.
En pocas palabras, las acusaciones hechas este lunes, envían un mensaje de que aquí no hay diferencia entre un traficante de drogas y un narcotraficante que conduce los esfuerzos antinarcóticos acotó.
La aplicación de la ley de drogas en los EE.UU. en el extranjero continuará y seguiremos trabajando para detener a todos aquellos que suministran o instigan a la distribución de las drogas a los estadounidenses, sin importar el nivel en el que se encuentran”.
“La acusación de hoy hace hincapié en que nadie está por encima de la ley. Estos ex funcionarios del gobierno de Venezuela supuestamente utilizaron sus cargos de confianza para alimentar su codicia, y en el camino traicionaron su juramento de servicio al advertir a los traficantes de drogas sobre las operaciones sensibles que estaban llevando a cabo los organismo policiales”, dijo el agente especial a cargo de HSI, Meléndez Nueva York.
Agregó que “Vamos a seguir trabajando sin descanso con nuestros socios federales y los organismo policiales internacionales para atrapar a los delincuentes que intentan cruzar las fronteras con las drogas ilícitas.” sentenció.
El caso del gobierno está siendo procesado por la Sección de Narcóticos Internacionales y la oficina de Lavado de Dinero. Los fiscales federales adjuntos Gina M. Parlovecchio y Hiral Mehta están a cargo de la acusación.
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Robert L. Carpers informó los detalles de la investigación, en conjunto con James J. Hunt, agente especial de la DEA a cargo del caso y Angel Meléndez, agente Especial de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York.
Los militares de alto rango tomaron medidas para impedir u obstaculizar las investigaciones en curso sobre el tráfico de narcóticos, de tal manera de permitir que los vehículos cargados con cocaína salieran de Venezuela sin inconvenientes. Igualmente, dispusieron de los medios para liberar a los detenidos por violación de la ley antinarcóticos.
Los militares venezolanos acusados por el gobierno norteamericano también impidieron la detención o deportación de criminales en los países extranjeros, tales como los Estados Unidos, para su enjuiciamiento por cargos relacionados con las drogas.
Esta es la segunda acusación presentada en el Distrito Este de Nueva York en contra de los funcionarios de alto nivel en Venezuela, ya que supuestamente ayudaron a los narcotraficantes en la importación de cocaína a los Estados Unidos.
El 20 de marzo de 2013, una tercera acusación formal fue revelada contra Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, también conocido como “Mauro” y “Ángel”, un capitán de la Guardia Nacional venezolana, y Rafael Antonio Villasana Fernández, otro oficial de Guardia Nacional que participó en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y 1 de diciembre de 2009.
De acuerdo con el expediente judicial, Kotosky y Villasana presuntamente utilizaron vehículos oficiales del gobierno de Hugo Chávez para el transporte de más de siete toneladas métricas de cocaína desde la frontera con Colombia a los distintos aeropuertos y puertos marítimos de Venezuela para la importación definitiva en los Estados Unidos.
El fiscal de los EEUU Robert L. Capers, dijo este lunes que “la acusación refleja los esfuerzos de los Estados Unidos para combatir el tráfico internacional de drogas, y la capacidad de los carteles de la droga para infiltrar y corromper los más altos niveles del gobierno en la aplicación de la ley”.
“Nada puede ser más perjudicial para los esfuerzos de aplicación de la ley para detener el flujo de drogas ilegales que cuando los funcionarios públicos corruptos violan la confianza del público, ayudando activamente a los traficantes de drogas en sus actividades criminales mortales.”
Capers agradeció a los agentes de la DEA en Nueva York, el Grupo de Trabajo de Control de drogas y el Departamento de Seguridad Nacional, a la oficina de investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York, el Grupo de Trabajo Dorado que fueron los organismos encargados de dirigir la investigación.
Asimismo, agradeció la ayuda inestimable proporcionada por la Oficina de la DEA en Bogotá, la Oficina de la DEA en Miami, y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida.
El agente de la DEA a cargo de la investigación declaró que “Tal como se alega, Néstor Luis Reverol Torres y Edilberto José Molina Molina utilizaron sus posiciones de poder para permitir a las organizaciones de tráfico de drogas actuar libremente, a la vez que dificultaron los esfuerzos de aplicación de la ley”.
En pocas palabras, las acusaciones hechas este lunes, envían un mensaje de que aquí no hay diferencia entre un traficante de drogas y un narcotraficante que conduce los esfuerzos antinarcóticos acotó.
La aplicación de la ley de drogas en los EE.UU. en el extranjero continuará y seguiremos trabajando para detener a todos aquellos que suministran o instigan a la distribución de las drogas a los estadounidenses, sin importar el nivel en el que se encuentran”.
“La acusación de hoy hace hincapié en que nadie está por encima de la ley. Estos ex funcionarios del gobierno de Venezuela supuestamente utilizaron sus cargos de confianza para alimentar su codicia, y en el camino traicionaron su juramento de servicio al advertir a los traficantes de drogas sobre las operaciones sensibles que estaban llevando a cabo los organismo policiales”, dijo el agente especial a cargo de HSI, Meléndez Nueva York.
Agregó que “Vamos a seguir trabajando sin descanso con nuestros socios federales y los organismo policiales internacionales para atrapar a los delincuentes que intentan cruzar las fronteras con las drogas ilícitas.” sentenció.
El caso del gobierno está siendo procesado por la Sección de Narcóticos Internacionales y la oficina de Lavado de Dinero. Los fiscales federales adjuntos Gina M. Parlovecchio y Hiral Mehta están a cargo de la acusación.