Fiscalía asegura que defensa de narcosobrinos no tiene derecho a revisar archivos del Estado

Por Maibort Petit
@maibortpetit 
En un documento entregado esta semana a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal encargado, Joon H. Kim confirmó al juez Paul Crotty que no hay material Brady o Giglio para ser entregado a los abogados de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. 

En la carta se detalla la respuesta del gobierno a la orden emitida por el tribunal, el pasado 24 de marzo, donde se ordenó a los sub fiscales Emil J. Bove III y Brendan F. Quigley entregar todas las evidencias usadas en el juicio y los añadidos reflejados en la respuestas a las mociones finales del caso antes del mes de mayo de 2017. La sentencia de Campo y Flores será leída el 26 de junio en horas de la mañana.

En la comunicación el fiscal Kim señala que los materiales solicitados por la defensa de los primos Flores fueron entregados antes del inicio del juicio donde el jurado los declaró culpables de conspirar para traficar, manufacturar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos. 

Recuerda el fiscal que el 14 de noviembre de 2016, los demandados exigieron la entrega de “todos” los documentos existentes en relación con dos categorías: (1) el testimonio hecho por CS-1 en enero de 2013 durante un juicio realizado en Richmond, Virginia y (2) ) cualquier declaración falsa u omisión hecha por CS-1 en otras investigaciones y enjuiciamientos. 

Kim asegura que el Gobierno cumplió con todas sus obligaciones Giglio relacionadas con estos temas. Asimismo asegura que en respuesta a los demandados, la fiscalía informó que CS-1 no reveló a nadie, antes de junio ​​de 2016, su tráfico ilícito de drogas entre 2012 y mayo de 2016. 

Por ejemplo, -dice el fiscal Kim- antes de la audiencia de supresión de pruebas realizada en septiembre de 2016, el Gobierno presentó a los acusados ​​el acuerdo de cooperación que se firmó entre la justicia norteamericana y CS-1 y la transcripción de su declaración de culpabilidad, que incluía los nombres legales de CS-1, CS-2 y CS-3. Toda esa información fue revelada a los acusados a principios de septiembre de 2016.

Destaca la fiscalía que antes de la audiencia de supresión de pruebas de 2016, se realizó una revisión de los expedientes administrativos de la DEA relacionados a CS-1 donde se confirmó que no había otros resultados ni pruebas donde el testigo confidencial de la DEA hubiese mentido a las autoridades, con excepción de los temas que fueron revelados a los acusados antes de la testificación frente al juez.

Durante el juicio, aproximadamente a las 9:00 am del 15 de noviembre  de 2016 (antes de la conclusión del contrainterrogatorio de CS-1), el Gobierno respondió a una carta enviada por los acusados. Kim asegura que nada más ha sido requerido por la defensa, y que constitucionalmente los abogados defensores no tienen el derecho de realizar su propia búsqueda en los archivos del Estado para argumentar pertinencia en un caso. 

Aclaró que la defensa no tiene derecho a exigirle al fiscal la entrega de un expediente completo. La ley sólo permite que se solicite  “Sólo se pide al fiscal revelar pruebas favorables al acusado que, de ser suprimidas, privaría al acusado de un juicio justo”.

Asimismo, advirtió que las peticiones generales hechas por Campo y Flores, aunque hechas bajo Brady, parecen ser -en efecto- un mecanismo para llevar a cabo un examen exhaustivo de todo el archivo. La ley claramente no apoya tal descubrimiento.

Las demandas de Campo Flores y Flores de Freitas están por encima de las obligaciones de divulgación del Gobierno. 

Afirmó que las diligencias hechas por el gobierno para satisfacer las exigencias de Campo Flores y Flores de Freitas fueron razonables y suficientes. La búsqueda superó los límites del equipo de enjuiciamiento y cualquier material Giglio producido por esa revisión fue revelado a los acusados.

En la comunicación, la fiscalía recuerda que los acusados ​​estaban plenamente conscientes de la prolongada falta de revelación del tráfico de drogas por parte de CS-1 durante la audiencia de supresión de pruebas y en el juicio.Igualmente advirtió que la base de Brady y Giglio no requiere que el Gobierno presente todos los documentos que reflejen la misma omisión.

Kim advierte que de acuerdo al derecho norteamericano la evidencia no se suprime dentro de la significado de Brady si el acusado o su abogado conocían o debían haber conocido hechos esenciales que le permitieran sacar provecho de esa evidencia. De hecho, en el momento en que los acusados ​​transmitieron la carta del 14 de noviembre aproximadamente a 10:05 p.m., CS-1 ya había sido interrogado en relación con los cargos de declaraciones falsas.

La transcripción proporcionada a los acusados ​​refleja que CS-1 admitió en su declaración de culpabilidad que, “Desde 2012 hasta 2016, no revelé a la DEA, incluso después de haber estado reuniéndome con ellos que durante ese tiempo,  escondí la información a las autoridades sobre los crímenes que yo estaba cometiendo”.

En esa declaración, CS-1 cumple con la base factual, y reconoce  su negación de información sobre su tráfico ilícito de drogas.

En respuesta a la orden del 24 de marzo de 2017 de la Corte, Kim informó que el equipo de la fiscalía se comunicó con 12 agentes de la DEA y oficiales que tenían responsabilidad administrativa en el manejo de CS-1 en varias ocasiones  y “todos confirmaron nuevamente que no había otros casos en los que la DEA esté al corriente que  CS-1  haya mentido u omitido información o que haya hecho declaraciones falsas o -en todo caso- que haya manejado mal las evidencias”.

En resumen, no hay materiales adicionales de Brady o Giglio que respondan a la solicitud de la defensa que no hayan sido reveladas ya, “con ello el Gobierno cumple con sus obligaciones y afirma que está  consciente de que esas obligaciones se aplican de forma prospectiva y permanecerán cumplimiento de las mismas en el futuro”.

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