Por Maibort Petit
@maibortpetit
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York solicitó al juez federal Brian Cogan que prohiba la difusión de fotografías y bocetos de los testigos cooperantes que atestiguarán a favor del gobierno de los Estados Unidos en el juicio contra el ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán que se iniciará en noviembre de 2018 y que se prevé culmine en enero de 2019.
Los fiscales pidieron autorización a la corte para presentar evidencias directas de los crímenes imputados contra Guzmán, que incluyen pruebas relacionadas con los actos de violencia del acusado tales como tortura, secuestro, amenazas y asalto, y ciertas actividades de narcotráfico.
Un documento de más de 101 páginas, que contiene las llamadas mociones in limine de la fiscalía, dice que es necesario que el jurado conozca, por ejemplo, que Guzmán se escapó de la cárcel y de otras instancias de la justicia “como hechos judicialmente notables de las acusaciones de E.E. U.U. contra el acusado”.
Asimismo, los fiscales federales alegan que se deben aceptar como evidencias las pruebas obtenidas por parte de las personas que recibieron recompensas por información y que condujeron a su arresto, así como las declaraciones voluntarias e incriminatorias del acusado a los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) mientras estuvo en prisión en 1998.
La Fiscalía pide que se acepten como evidencias las cartas escritas por Guzmán como “declaraciones contra uno de sus adversarios; libros escritos bajo la dirección del acusado como declaraciones de un oponente partidario; declaraciones de un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa a su familiar como declaraciones de co conspirador y las declaraciones contra intereses penales; y ciertas declaraciones en la evidencia de video del gobierno”.
Los fiscales solicitaron al juez Cogan “prohibir la diseminación de fotografías y bocetos de los testigos que cooperarán con el gobierno durante el juicio” y especialmente “impedir que el acusado obtenga información relacionada con la participación de testigos que cooperaron en el Programa de Seguridad de Testigos e información relacionada con los familiares de esos testigos”.
La fiscalía pide que los verdaderos nombres de los testigos no sean escritos en las transcripciones y traducciones del juicio y argumentan que la corte debe excluir cualquier evidencia y argumento que alegue el enjuiciamiento selectivo argumentado por el acusado.
Entre las mociones solicitadas destacan que la corte debe impedir la admisión de pruebas o argumentos por parte del demandado con respecto a una serie de temas que son irrelevantes o que podrían confundir los asuntos, confundir al jurado o resultar en perjuicio injusto para el gobierno.
Mociones entregadas previamente
En las primeras mociones in limine, el gobierno estadounidense presentó las pruebas en el juicio:
(1) los actos de violencia y ciertas actividades de tráfico de drogas del acusado como evidencia directa de los delitos imputados y / o de conformidad con la Regla 404 (b);
(2) el acusado escapa de la cárcel y otras instancias de fuga de la justicia como evidencia directa de los crímenes imputados y /o la evidencia de la Regla 404 (b);
(3) ciertas comunicaciones electrónicas y por cable interceptadas y grabadas, así como evidencia de video;
(4) partes relevantes de una entrevista grabada en video del acusado publicada por un medio de comunicación;
(5) fotografías satelitales;
(6) registros de medicamentos y
(7) registros de pagos de abogados.
El gobierno también solicitó al juez permitir la participaron de un testigo del gobierno cuya identidad permanece bajo anonimato.
Con la solicitud de la admisión de evidencias el gobierno espera probar en el juicio a través de testimonios de testigos, así como pruebas físicas, documentales y de otro tipo la culpabilidad de Joaquín Guzmán en los delitos alegados.
En el documento dice que “el gobierno no se ha esforzado por exponer todos los hechos que espera probar en el juicio”.