Por Maibort Petit
@maibortpetit
La disputa legal por CITGO Petroleum Corporation sigue su curso en un tribunal de los Estados Unidos, donde la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano pelean para evitar que las acciones de la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), sea subastada para pagar las deudas adquiridas por Venezuela a raíz de las expropiaciones hechas por el fallecido expresidente, Hugo Chávez.
Este lunes, en la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de los Estados Unidos en Filadelfia, se escucharon los argumentos legales de los abogados de la minera canadiense que busca cobrar USD 1.400 millones del premio adeudado por Venezuela a raíz del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de 2016.
Los abogados de Crystallex siguen dispuestos a ponerle la mano a CITGO. Aunque el camino ya se había adelantado con la decisión del juez de la Corte de Delaware de agosto de 2018, que acordó que los activos de PDVSA en los Estados Unidos, a saber, CITGO, podrían usarse para satisfacer las deudas de Venezuela con Crystallex. No obstante, a finales de 2018, Venezuela logró un acuerdo con Crystallex, cuyos términos se mantienen en secreto, y para lo cual pagó unos USD 500 millones, aproximadamente.
En febrero de 2019, CITGO pasó a manos de la administración de Guaidó, quien nombró una nueva junta directiva que asumió el poder de la filial y hasta logró un nuevo endeudamiento por USD 1.2 mil millones para ayudar a sus operaciones diarias.
En marzo de 2019, el tribunal de Delaware aprobó que el gobierno “interino” de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, pudiese intervenir en el caso Crystallex versus la República de Venezuela.
Los representantes de Guaidó están tratando de preservar CITGO que ahora está en su poder, para evitar a toda costa que Crystallex y otros acreedores recorten los activos extranjeros del país por deudas contraídas con el gobierno presidido por Nicolás Maduro y por su antecesor Hugo Chávez.
Los abogados designados por Guaidó para el caso que se encuentra en la corte de apelaciones de Filadelfia, argumentaron frente al panel de jueces durante la audiencia del 15 de abril de 2019, que los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no toman en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano.
Los representantes legales de Guaidó sostienen que la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos.
La administración de Donald Trump otorgó a Juan Guaidó el control de CITGO tras su reconocimiento como única autoridad legítima de Venezuela, luego que se desconocieran los resultados de las elecciones del 20 de mayo de 2018, calificadas como fraudulentas donde Nicolás Maduro dijo haber ganado por una amplia mayoría. Guaidó fue reconocido por más de 50 países.
La nueva junta directiva de CITGO presidida por Luisa Palacios asumió el control de la filial en febrero de 2019.
De acuerdo a los récords legales, CITGO está valorada en USD 8 mil millones. En su estructura accionaria, la filial petrolera del estado venezolano está comprometida en un 50.1 por ciento con los bonos de PDVSA, y un 49.1 por ciento con la empresa rusa Rosneft.
El incumplimiento de los compromisos del estado venezolano con sus acreedores internacionales ha hecho que CITGO sea vista como un mecanismo para lograr recuperar sus acreencias. Entre los acreedores se encuentran, (además de Crystallex), ConocoPhillips y Rusoro Mining Ltd. Houston, Estados Unidos y los poseedores de bonos de la república y de PDVSA.
La deuda del estado venezolano con los dueños de los bonos de PDVSA 2020 tienen como garantía las acciones de CITGO. Los pagos de esos instrumentos se vencen el 27 de abril de 2019.